Las cárceles ecuatorianas son el centro del crimen: ¿Qué plantean Luisa González y Daniel Noboa para controlarlas?
En medio de una crisis de seguridad, las 36 cárceles del país son un sector estratégico. Las bandas criminales las convirtieron en sus centros de operaciones. El tema pasó casi desapercibido en la campaña.

Furgones de Medicina Legal ingresan a retirar cadáveres en la Penitenciaría del Litoral, al norte de Guayaquil, tras un ataque en el pabellón 3 que se saldó con 17 presos fallecidos el 12 de noviembre de 2024.
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EFE
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Entre febrero de 2021 y abril de 2025, Ecuador ha tenido 17 masacres carcelarias que han dejado 488 presos asesinados. En estos cuatro años, ha habido tres Gobiernos y ninguno ha logrado controlar totalmente los centros penitenciarios.
En medio de una crisis de seguridad, las 36 cárceles que tiene el país son un sector estratégico. Las bandas criminales las convirtieron en sus centros de operaciones. Por esta razón, el control estatal es uno de los principales desafíos del nuevo presidente de la República, que será elegido el 13 de abril de 2025.
Las 488 víctimas ocurrieron en siete prisiones del país. La Penitenciaría del Litoral, ubicada en el complejo penitenciario de Guayaquil, ha sido el epicentro de la violencia: acumulando 285 reos asesinados violentamente.
En 2024, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) presentó el informe Prision Matters. Se trata de un reporte sobre la población carcelaria mundial y sus tendencias en todo el mundo.
Uno de los aspectos evaluados por el estudio tiene que ver con las muertes en las cárceles. En el mundo se identificaron fallecimientos de presos por causas naturales, accidentales, suicidios y homicidios intencionales o muertes violentas.
Sobre Ecuador, el estudio explica que el país vio un rápido aumento en el número de homicidios intencionales en la población general (incluidos los reclusos) en los últimos años. Por esta razón, Ecuador registró la tasa más alta de muertes violentas en prisiones entre 2018 y 2022.
Las propuestas de los presidenciables
En los comicios del 13 de abril de 2025, Luisa González, candidata por alianza Revolución Ciudadana (RC) - RETO; y Daniel Noboa, presidente - candidato por la Acción Democrática Nacional (ADN), se enfrentarán un balotaje para definir al presidente de la República para el período 2025-2029.
Pese a la importancia de las cárceles en el panorama de la seguridad nacional de Ecuador, este tema no ha sido relevante en la campaña electoral.
En el Plan de Gobierno, con el que inscribió su candidatura ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), Luisa González hace 13 menciones a las cárceles y al sistema de rehabilitación social. Aunque, las propuestas no incluyen la forma en la que se ejecutarán.
Por ejemplo, González ofrece fortalecer el sistema penitenciario y mejorar la formación de los guías carcelarios en derechos humanos, de manera gratuita. Pero, sobre todo, la candidata correísta hace propuestas de retomar y efectivizar la rehabilitación social de las personas que han cometido delitos para que se reinserten en la sociedad.
En varios de sus discursos, González ha hecho énfasis en combatir la corrupción en el aparato estatal de seguridad, además de implementar una "política de mano dura", aunque no hecho menciones especiales sobre las prisiones.
Además, el correísmo ha sido crítico por lo que han calificado como un desmantelamiento del sistema de rehabilitación social en Ecuador, representado en el cierre del Ministerio de Justicia, que fue ejecutado por el gobierno de Lenín Moreno.
Por otro lado, en el Plan de Gobierno de Daniel Noboa, en cambio, se hace dos menciones al tema carcelario. En la primera se habla de establecer controles internos en las prisiones para garantizar el orden, respetando los derechos de los presos.
También ofrece un plan de rehabilitación e inclusión de los presos para garantizar su reinserción y evitar la reincidencia delictiva.
En el año que lleva de Gobierno, Noboa —que busca la reelección— ha centrado su estrategia penitenciaria en dos puntos. Primero, desde enero de 2024, las prisiones más violentas están militarizadas. Sin embargo, esta medida no ha sido suficiente.
En noviembre de 2024, en la Penitenciaría del Litoral fueron asesinados 17 presos, en un nuevo episodio de la crisis carcelaria. Además, el 7 de agosto de 2025, cinco guías penitenciarios fueron asesinados en Portoviejo en menos de 12 horas.
El otro punto de la estrategia es la construcción de dos nuevas cárceles. La primera se está construyendo en Santa Elena y está prevista su apertura para mediados de año, aunque los avaneces de la obra no son públicos.
La segunda cárcel, inicialmente, se proyectó para construir en Archidona, en la Amazonía. Pero tras protestas ciudadanas, se canceló el contrato y se lo reubicó en otra zona de Santa Elena, aunque tampoco se conocen avances sobre el nuevo proceso de contratación.
El análisis experto
Alexandra Zumárraga, experta en temas carcelarios, cree que en el tema penitenciario, el nuevo Gobierno que llegue al Palacio de Carondelet debe empezar un proceso integral de reingeniería del sistema de rehabilitación social.
Esta estrategia, explica la experta, debería empezar por el Servicio de Atención a Personas Privadas de Libertad (SNAI). En esta institución se deberían cambiar los procesos y reforzar la planta de funcionarios, ya que solo se han hecho cambios en la Dirección, pero en el resto de la entidad siguen los mismos servidores durante años.
Esto, agrega Zumárraga, ha permitido que se perpetúe la corrupción. Por ejemplo, los trámites de beneficios penitenciarios que por ley debería ser gratuitos tienen una tarifa y los presos deben pagar hasta para obtener un certificado.
A esto se suma que en las prisiones no hay registros documentales, ya que fueron destruidos en las masacres y no se ha logrado crear y mantener un repositorio digital. "Si antes había corrupción, ahora hay el triple", dice Zumárraga.
En cuanto al control de la seguridad, Zumárraga considera que no hay una ruta clara de lo que pasará en las prisiones. Actualmente, los 36 centros están los militares con armas largas y esto "ha permitido una calma que no se sabe hasta cuando durará".
Entonces, según la experta, el nuevo Gobierno debe empezar a trabajar con inteligencia estratégica para definir qué hacer: si los militares estarán más tiempo, si los guias penitenciarios retomarán el control o si la Policía tomará la posta.
Además, considera que es momento de consultarse seriamente que está pasando con los agentes penitenciarios que están siendo asesinados, pese a la militarización, cuando, según Zumárraga, ya hay información de que las bandas intentan retomar el control de estos centros reclutando militares.
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