Un candidato a la Asamblea en Santo Domingo de los Tsáchilas fue mencionado en los casos Metástasis y Plaga

Catorce de los 60 postulantes a asambleístas en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas registran procesos o denuncias penales en los últimos diez años, es decir casi una cuarta parte. De estos, seis han ocupado o actualmente ocupan cargos en la función pública.

En esta boleta electoral también constan tres candidatos que ganaron su curul en noviembre de 2023, a raíz de las nuevas elecciones por la muerte cruzada, y ahora buscan la reelección. Ellos son: 

• La actual presidente de la Asamblea, Viviana Veloz Ramírez, por la Revolución Ciudadana (RC), lista 5
• Jadira Bayas Uriarte, por Acción Democrática Nacional (ADN), lista 7
• Amy Gende Córdova, de Construye, lista 25

Una cuarta, Amada Ortiz Olaya, llegó a la Asamblea en 2021 por la Izquierda Democrática y ahora es candidata por el Movimiento Pueblo Igualdad Democracia (PID), lista 4.

Con procesos penales

Un candidato mencionado Metástasis y Plaga

Entre los candidatos a asambleísta que enfrentaron procesos penales en esta última década está Víctor Hugo Moya Atiencia, de Amigo, lista 16, quien registra dos casos: el uno, en 2015, por presunta extorsión, en el que fue declarado inocente; y el otro, por tenencia y porte de armas, en el que fue sentenciado como culpable.

En el primero, fue acusado por un ciudadano de supuestamente formar parte de un grupo que ofrecía préstamos y hacía llamadas extorsivas. El juez a cargo declaró la existencia del delito y halló responsable a uno de acusados, y declaró a Moya inocente, por no existir acusación fiscal en su contra. En ese proceso, el denunciante dijo que en las llamadas extorsivas se mencionó dinero proveniente de bandas delictivas internacionales.

Al año siguiente, un juez penal le dictó sentencia condenatoria en su contra, por haberse hallado en su domicilio, durante un allanamiento policial, un revólver calibre 38, del que no poseía el permiso. El juez levantó la pena privativa de libertad, que inicialmente le había impuesto, para que cumpla la pena en libertad, realice trabajo comunitario y pague una multa. Tras hacerlo, la pena quedó extinta.

Moya, que ocupó el cargo de director del Consejo de la Judicatura de Santo Domingo de los Tsáchilas entre 2022 y 2023 también fue mencionado dentro de los casos Metástasis y Plaga, por, presuntamente, haber llegado a la dirección del Consejo de la Judicatura de Santo Domingo de los Tsáchilas gracias a un pago de 30.000 dólares financiados por Christian Romero Moya, a quien se identificaba como su primo; y por haber suspendido una sanción disciplinaria contra el exjuez Ángel Lindao, quien liberó bienes del narcotraficante Leandro Norero.

Christian Romero era uno de los abogados de Norero, y fue también parte de la defensa del exvicepresidente Jorge Glas. Moya también fue director distrital de Educación, entre mayo y agosto de 2023.

Sobre estos temas, Moya fue consultado por esta alianza periodística vía correo electrónico, que respondió vía mensaje de WhatsApp. Sobre la denuncia de 2015, Moya relató que “cuando terminaba sus estudios de abogado, un vecino del sector lo contactó para que le ayudara cobrando un dinero. Realicé la llamada y en los mejores términos solicité que paguen el dinero.. ..pero, oh sorpresa, había este ciudadano denunciado por extorsión”, afirmó.

Al referirse al segundo caso, dijo que “se trató de un allanamiento injusto y erróneo” pero reconoció que sí tenía el arma en su casa “por seguridad… porque, días atrás, por tres ocasiones entraron a robar a mi domicilio… inclusive existía la llamada al 911”.

Sobre las menciones en los casos Metástasis y Plaga, señaló: “Lo que pasó es que no accedí a la pretensión de quien hizo la declaración, como tampoco le di contratos que exigía para sus familiares (...). Jamás he pedido ni me han ofrecido bien alguno” y aclaró que él no tiene vínculo familiar con Christian Romero.

Otros candidatos con denuncias penales

Otros procesos en los que varios postulantes por esta provincia constan como denunciados fueron archivados en etapa de indagación previa, debido a que los fiscales se abstuvieron de acusarlos por falta de pruebas. Algunos de estos casos fueron por supuestos delitos de tenencia de armas, comercialización de pornografía con utilización de menores, falsificación, uso doloso de documentos falsos y venta y producción de material para la falsificación de dinero.

Hasta el cierre de esta edición, los candidatos Añasco Toral y Calderón Vega no respondieron nuestra solicitud de una versión sobre el tema.

Esta es una investigación liderada por Fundamedios, con el apoyo de la Fundación Periodistas Sin Cadenas (FPSC), en la que participaron 38 periodistas. PRIMICIAS y otros 37 medios de comunicación se han unido a la alianza para difundir la información.

Sin declaraciones de impuestos

Según información del sitio web del Servicio de Rentas Internas (SRI), 24 de los 60 candidatos a la Asamblea Nacional por esta provincia registran al menos un período en el que no presentaron su declaración al impuesto a la renta, entre 2017 y 2023. 

El SRI señala en su página web que están exentos de presentar declaración los contribuyentes domiciliados en el exterior y aquellos cuyos ingresos fueron demasiado bajos.

Por otro lado, hay siete aspirantes que no están registrados como contribuyentes de este impuesto en la base de datos del SRI.

En el movimiento Amigo, el incumplimiento de este requerimiento es más notorio: tres de los cuatro candidatos de esta lista, según la base de datos del SRI, no presentaron las declaraciones respectivas. Solo el candidato Víctor Moya Atiencia lo hizo, declarando un pago de cero impuesto a la renta entre los años 2017 y 2022 (en 2020 no aparece como contribuyente), mientras que en 2023 reportó el pago de 196 dólares.

En diversos partidos hay candidatos que no han declarado en ninguno de esos años. Así, en esa base de datos, la frase “La Declaración de Renta no ha sido presentada” acompaña a los nombres de candidatas como Shakira Sangoquiza Pazmiño, de RETO, y Lizardo Suárez Mogro, de Democracia Sí.

Otros, como los candidatos Andrea Kelly Robayo Zambrano, de Amigo, y Francisco Javid Saavedra García, sólo las presentaron en un período y declararon cero dólares.

El pago de cero impuesto a la renta es una constante en los candidatos de esta provincia. Así, por ejemplo, del partido Unidad Popular, los dos candidatos que cumplieron con la presentación de la declaración de su impuesto a la renta indicaron cero en todos los períodos; otro candidato de esa lista no declaró en un período, y los otros años declaró un impuesto de cero dólares; mientras que el cuarto no está registrado como contribuyente.

En la lista de ADN constan José Vera Torres y Christopher Jaramillo Gómez con declaraciones de cero dólares en todos los años presentados.

Por otro lado, cuatro candidatos de esta provincia registran deudas en firme con el Servicio de Rentas Internas, la más alta la tiene Antonio Añasco Toral, por 2.342,36 dólares.

Patrimonios fluctuantes

De los 60 candidatos que compiten por las cuatro curules, 23 han sido funcionarios públicos, según los registros de la Contraloría General del Estado.

Tres candidatos registran patrimonios superiores a los 200.000 dólares: 

1. Una de ellas es Jadira Bayas (ADN), a quien intentaron secuestrar en Guayaquil a mediados de enero. Fue liberada por la Unase a las pocas horas.

2. Le siguen Édgar Benítez Calva, quien se postula por la Alianza Alternativa, lista 6-63, con un valor de 341.408 dólares, al finalizar su gestión como Prefecto de esta provincia, durante el período 2014-2018. Édgar Benítez Calva es uno de los políticos con más amplia trayectoria de la joven provincia. Actualmente, es asambleísta de Santo Domingo por la alianza provincial del Partido Social Cristiano (PSC) y el Movimiento Positivo. De la mano de Alianza País (ahora RC) se convirtió en el primer prefecto que tuvo Santo Domingo de los Tsáchilas, en 2008. Fue reelegido en 2009 y en 2014.

3. Le sigue Rafael Sánchez Espinosa, del partido Avanza, lista 8, que experimentó cambios notables en su patrimonio en los últimos años. En 2019, al finalizar el cargo de Comisario Segundo de Policía, que cumplió desde enero de 2018, señaló un valor en negativo de 16.510 dólares; mientras, en julio de 2024, al dejar la delegación provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas de la Defensoría del Pueblo, que tuvo desde julio de 2023, declaró un valor patrimonial de 238.942 dólares.

Entre los postulantes que han tenido cargos públicos, tres declararon un patrimonio de cero dólares, cuando culminaron sus períodos de servicio.

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