Un tercio de los candidatos de la circunscripción 2 de Guayas ya ha trabajado en el sector público

Uno de cada tres candidatos en la circunscripción 2 de Guayas ha pasado por la función pública, son 33 de los 96 aspirantes a la Asamblea Nacional. Sus principales empleadores fueron las instituciones del Ejecutivo, los gobiernos autónomos descentralizados y el mismo Legislativo.

• 236 de los 2.089 candidatos a la Asamblea Nacional han tenido o tienen procesos penales en su contra

Entre los que van por la reelección figuran tres aspirantes. Juan Pablo Molina Saldaña (RC, lista 5), así como Amanda Hidalgo Astudillo (PSC-Avanza, lista 6-8), que fue asambleísta alterna. También está Victoria Desintonio Malavé (RC), que ganó la curul en 2021, después de haber sido destituida dos años antes como miembro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).

Otros dos han sido ministros de Estado: Andrés Guschmer Tamariz, del Deporte en el actual gobierno de Daniel Noboa y que corre por el oficialista ADN (lista 7), y Gabriel Martínez Castro, de Transporte y Obras Públicas con Lenín Moreno, que se postula por SUMA (lista 23).

De los 33 candidatos que han sido funcionarios públicos, cuatro señalaron tener saldos negativos; cuatro registraron cero dólares; 19 reportaron bienes por hasta USD 200.000; y cinco informaron que sus bienes oscilan entre USD 200.000 y más de USD 1 millón.

En estos últimos figuran los exministros Guschmer (ADN) y Martínez (SUMA), el asambleísta Molina Saldaña (RC), el exconcejal de Guayaquil Manuel Samaniego Zamora (PSC-Avanza) y el exfiscal Joselito Argüello Saltos (Partido Socialista Ecuatoriano).

En su declaración, Martínez reportó un patrimonio de USD 880.208 cuando ascendió de viceministro a ministro de Transporte y Obras Públicas en 2019. Dos años más tarde, cuando dejó el ministerio, declaró USD 1 millón.

Mientras que Samaniego tuvo un incremento de más de USD 230.000 en su patrimonio en cuatro años. En 2019, al dejar el cargo de concejal de Guayaquil, detalló activos por USD 336.762 y cuatro años más tarde, en 2023, cuando dejó la coordinación institucional del Municipio de Guayaquil, subió a USD 569.776.

"Había una mejor condición de ingresos económicos en esos años", señaló Samaniego al referirse que en ese tiempo tenía tres ingresos mensuales como funcionario municipal, docente y por el alquiler de sus locales comerciales. "La mejor forma de ahorrar ha sido comprar activos, es la mejor forma de conservar el dinero, no se deprecia y gana plusvalía", indicó Samaniego, quien redujo sus deudas de USD 115.639 a USD 10.480 entre 2023 y 2024. "Una parte fue pagada con la venta de unos activos y otra parte fue abonada con mis ingresos", acotó.

La circunscripciòn 2 de Guayas abarca dos populosas parroquias de Guayaquil: Tarqui y Pascuales, al noroeste de la ciudad. Quince partidos y movimientos políticos compiten por las seis curules, así como una alianza: PSC-Avanza.

Esta es una investigación liderada por Fundamedios, con el apoyo de la Fundación Periodistas Sin Cadenas (FPSC), en la que participaron 38 periodistas. PRIMICIAS y otros 37 medios de comunicación se han unido a la alianza para difundir la información.

Convenios de pago con SRI

De los 96 postulantes, 12 tienen deudas con el Servicio de Rentas Internas (SRI). Entre ellos Ingrid Salazar, del Movimiento Construye (lista 25), que adeuda USD 420, y el exministro Martínez, quien registró un convenio de pago por USD 7.140. Otros deben menos de USD 80.

Por otro lado, 33 no han presentado declaraciones de renta en algunos años, mientras que 48 declararon cero dólares en su último reporte al SRI. 

Los partidos o movimientos que tienen mayor número de candidatos con declaraciones en cero dólares son: Partido Unidad Popular (UP, lista 2) con cuatro aspirantes; le siguen Movimiento Centro Democrático (lista 1), Partido Sociedad Patriótica (PSP, lista 3) y Acción Democrática Nacional (ADN) con tres, y Pueblo Igualdad Democracia (PID, lista 4), la Revolución Ciudadana y la Izquierda Democrática con dos, cada uno.

El SRI señala en su página web que están exentos de presentar declaración los contribuyentes domiciliados en el exterior y aquellos cuyos ingresos fueron demasiado bajos.

De los 33 candidatos que han sido funcionarios públicos, 19 sí han tributado al SRI entre 2017 y 2023. Los tres que más han pagado impuestos son Janina Rizzo Alvear (Acción Democrática) con USD142.632, Omar Sánchez Mantilla (PSP) con USD 135.928 y Manuel Samaniego con USD 35.861.

Otros 10, entre ellos Carlos García Neira (UP), Ulvio Cárdenas Granda (UP) y Elba Argüello Calderón (PSP) reportaron cero dólares. Tres candidatos no han presentado declaraciones desde 2017: Felipe Sánchez Pazmiño (Amigo), Mariuxi Torres Sánchez (Democracia Sí) e Ingrid Salazar Cedeño (Construye); en tanto que Patricia Villegas Rivera (RC) no tiene información registrada en el sistema del SRI.

Causas judiciales

En los registros de la función judicial constan cinco participantes con causas judiciales, cuatro de ellas archivadas. El aspirante del Partido Socialista Ecuatoriano, el exfiscal Argüello Saltos tiene un proceso activo por supuestas calumnias. “Si en algún momento me mandan preso, me iré, porque esa será una medalla para mí”, dijo el candidato sobre el proceso que el Banco del Pichincha le interpuso.

En esta causa, iniciada en enero de 2023 por unas declaraciones que Argüello realizó en sus redes sociales en noviembre del 2022, está pendiente la audiencia de juzgamiento. El 27 de diciembre de 2024 se tenía previsto realizar esa diligencia, pero fue diferida por pedido de la entidad bancaria.

En el proceso hay escritos de Argüello pidiendo que se declare la nulidad procesal por falta de citación, que se remita a la Fiscalía por haberse configurado fraude procesal y que se declare la prescripción de la pena. Argüello fue citado, sin embargo, no se ha declarado el fraude procesal ni la prescripción de la causa.

Investigaciones archivadas

Otros cuatro candidatos de este distrito registran investigaciones archivadas: Luis Humberto Rivera Piza, Victoria Desintonio Malavé, Gabriel Martínez Castro y Manuel Samaniego Zamora.

En el caso de Rivera Piza, candidato por PID, su proceso fue archivado en 2017 a pedido de la denunciante quien señaló que "con la parte demandada hemos llegado a una conciliación".

No constan detalles de la denuncia. Rivera no atendió una entrevista solicitada por Fundamedios el pasado 4 de enero.

El caso en contra de Victoria Desintonio (RC) se archivó a pedido de la Fiscalía en mayo del 2024. El delito que se investigaba era el presunto incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente, que se inició en 2019 cuando ella era vocal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).

La queja surgió luego de que Desintonio y otros siete consejeros aprobaron una moción para conformar una comisión que revise el proceso de selección de los jueces de la Corte Constitucional. "No existen elementos de convicción de los que se desprenda el cometimiento de un ilícito", concluyó Diana Salazar, fiscal General del Estado, al pedir el archivo de este proceso.

En contra de Martínez (SUMA) consta un proceso penal por el presunto delito de peculado, cuya investigación fiscal se inició en septiembre de 2021 tras una “noticia criminis”, luego de la exposición de un video en redes sociales donde se acusaba que seis personas, entre ellos Martínez, serían parte de una red de corrupción hospitalaria.

La Fiscal Diana Salazar solicitó el archivo. "No se advierte la existencia de una conducta ilícita de peculado por parte de los investigados", argumentó. Martínez fue consultado para abordar este caso, pero hasta el cierre de esta publicación no respondió.

El candidato Manuel Samaniego (PSC-Avanza) reporta una causa judicial en su contra por el delito de hostigamiento que data de 2018. En octubre de ese año, un dirigente estudiantil de la Universidad de Guayaquil –donde Samaniego es docente– lo acusó de ofrecerle trabajo en el Municipio de Guayaquil, donde Samaniego era concejal, a cambio de votar por un directivo ante el Consejo Universitario.

"En la Universidad Estatal había una pugna en un proceso de intervención, me parece, y un estudiante de un grupo político universitario levantó esta denuncia falsa. Al día siguiente, el mismo estudiante hizo una declaración pública retractándose de la denuncia", comentó Samaniego. En efecto, la causa fue archivada.

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