Los candidatos a asambleístas de la circunscripción 1 de Manabí, entre denuncias penales y patrimonios incongruentes

En la circunscripción 1 de Manabí, que comprende quince cantones del norte de Manabí, 50 candidatos a asambleístas correrán por nueve tiendas políticas y una alianza. La mitad de ellos han sido funcionarios públicos. Por otro lado, una decena ha tenido procesos penales.

Con pasado en la legislatura

Además, tres actuales legisladores, que llegaron a la Asamblea Nacional después de la muerte cruzada, ahora buscan la reelección. Ellos son:

• Lenin Barreto Zambrano, por la Revolución Ciudadana (RC, lista 5)
• Jaime Moreno Felix, por Construye (lista 25)
• Jaminton Enrique Intriago Alcívar, por la alianza Unidos por el Desarrollo, que agrupa al Partido Social Cristiano (PSC), el movimiento Amigo y el local Cambio, lista 6-62-16.

Otros dos que dejaron la Asamblea por la muerte cruzada, en mayo de 2023, también quieren regresar. Son Eitel Zambrano Ortiz por CREO (lista 21), y Guido Mendoza Andrade, por la RC.

Manabí es la tercera provincia más grande del Ecuador y en ella hay 1,3 millones de electores que, el próximo 9 de febrero, decidirán la suerte de una zona signada por la violencia: enero de 2025 ha sido el mes más violento de los últimos años.

Además de los exasambleístas que intentan regresar, entre los candidatos por la circunscripción 1 de Manabí hay tres asambleístas alternos, todos de la alianza Unidos por el Desarrollo (lista 6-62-16): Natalia Garzón León, Jorge Bravo Alcívar y Diego Sabando Párraga.

Exfuncionarios públicos

Entre los candidatos para las elecciones de 2025 hay otros exfuncionarios públicos que han sido profesores universitarios y de colegio, un asistente de alcaldía, un agente tributario, una veterinaria y una tutora de asistencia domiciliaria, entre otros, según el registro de la Contraloría General del Estado.

En general, los municipios son los principales empleadores, aunque también aparecen el SRI y el Consejo Nacional Electoral.

Los cinco aspirantes de la alianza Unidos por el Desarrollo han sido funcionarios públicos. Luego sigue la RC con cuatro candidatos; y CREO, SUMA (lista 23) y ADN (lista 7), con tres cada uno.

De acuerdo con los registros de la Contraloría, una candidata de la RC labora para el Municipio de Quito y busca ser electa asambleísta por Manabí. Se trata de Bertha Vélez Vélez, que desde julio de 2024 aparece como “funcionario directivo 7” del municipio capitalino. Antes trabajaba para la Prefectura de Manabí. Su última declaración es una periódica de 2024 donde consta un patrimonio de 108.045 dólares, pero no ha hecho constar la de fin de gestión.

Los registros de la Contraloría reflejan muchas incongruencias. Hay funcionarios que presentan varias declaraciones para el mismo periodo con distintos valores. Una de ellas es María Mercedes García Bravo, analista de la Prefectura, que en una declaración periódica de 2024 señala un patrimonio de 623.337 dólares y en otra, también periódica de 2024, 10.833 dólares.

Los candidatos que han declarado mayor patrimonio, por encima de los 300.000 dólares, son Jaime Moreno Félix, Jaminton Intriago Alcívar y Jorge Bravo Alcívar.

En cambio, el ex asambleísta Eitel Zambrano Ortiz declaró un patrimonio negativo de 4.400 dólares en 2018 cuando dejó de trabajar en el Hospital Básico de Chone. Es decir que sus deudas superaban sus activos. Cuatro años y medio después, al dejar la Asamblea, declaró 138.501 dólares de patrimonio.

Esta es una investigación liderada por Fundamedios, con el apoyo de la Fundación Periodistas Sin Cadenas (FPSC), en la que participaron 38 periodistas. PRIMICAS y otros 37 medios de comunicación se han unido a la alianza para difundir la información.

Poca cultura tributaria

La cultura tributaria manabita no refleja la riqueza de la provincia. La excepción de la regla son los candidatos que pagan impuestos: apenas siete de los 50 aspirantes han declarado impuesto a la renta con valores superiores a cero dólares durante tres años seguidos, en el periodo analizado por esta alianza periodística, que corre entre 2017 y 2023. 

Ellos son:

• Jorge Cassis González, de Centro Democrático
• Lenin Barreto Zambrano, de la RC
• Marlon Vera Delgado, de SUMA
• Eitel Zambrano Ortiz, de CREO
• Jaime Moreno Felix, de Construye
• Jaminton Intriago Alcívar, de Unidos por el Desarrollo

El resto ha causado valores apenas uno o dos años seguidos; ha declarado cero dólares de impuesto a la renta la mayoría de las veces o no ha cumplido con el requisito de presentar su declaración. Este último grupo asciende a 19 aspirantes a asambleístas. Los partidos con la mayor cantidad de candidatos que no han presentado sus declaraciones son Unidad Popular (UP), con cuatro, y ADN, con tres.

El SRI señala en su página web que están exentos de presentar declaración los contribuyentes domiciliados en el exterior y aquellos cuyos ingresos fueron demasiado bajos.

Por otro lado, hay seis candidatos que no tienen registros en el SRI. Cuando se consulta su nombre aparece: El ciudadano / contribuyente no tiene información registrada en la base de datos del SRI o reportada por terceros.

Cuatro candidatos mantienen deudas con el SRI, pero ninguno debe más de 300 dólares.

Procesos por delincuencia organizada

Esta alianza periodística también analizó los procesos penales relacionados con los candidatos durante los últimos diez años y que constan en la página web de la Función Judicial. Once de los cincuenta postulantes de la circunscripción 1 de Manabí registran procesos penales. 

El exalcalde de Flavio Alfaro y exasambleísta, Jaminton Enrique Intriago Alcívar (Unidos por el Desarrollo), es el candidato con más denuncias registradas en su contra. Su nombre está relacionado con casos por por presuntos delitos de estafa, hurto, incumplimiento de decisiones de autoridad y fraude procesal.

Los casos de estafa y hurto fueron archivados, mientras que el proceso por presunto fraude procesal tiene una solicitud de archivo en curso. Los expedientes relacionados con el presunto incumplimiento de decisiones de autoridad, iniciados durante su gestión como alcalde de Flavio Alfaro, también fueron archivados. Uno de estos casos se originó por la falta de pago a una empleada municipal que trabajó durante dos años y denunció el incumplimiento de una compensación económica. El otro estaba relacionado con la falta de cancelación de la liquidación de un abogado.

Sin embargo, un proceso por supuesto incumplimiento de decisiones de autoridad aún sigue activo en la Corte Provincial, donde la fiscal general Diana Salazar solicitó información al respecto.

Para este artículo, esta alianza intentó obtener la versión de Intriago Alcívar, pero hasta el cierre de esta edición no ha respondido al requerimiento.

El partido político con el mayor número de candidatos que han enfrentado demandas penales en la circunscripción 1 de Manabí es SUMA, con tres postulantes: Cecil Cedeño Buenaventura, Fabiola Saltos Moreira y Marlon Vera Delgado.

• Cedeño Buenaventura enfrenta un proceso penal por presunto abigeato, lo que ha derivado en medidas cautelares como la retención de fondos y la prohibición de enajenar bienes. Fue llamada a juicio como cómplice. El caso se tramitará en Chone, donde debe presentarse periódicamente ante la justicia, según consta en una providencia emitida en enero de este año. Aunque esta alianza buscó obtener su versión para este artículo, Cedeño no accedió a dar declaraciones.
• Saltos Moreira enfrentó una demanda por supuesta calumnia, cuya pena fue declarada en extinción tras llegar a una conciliación con el denunciante. 
• En el caso de Vera Delgado, este enfrentó un proceso por presunta delincuencia organizada iniciado en 2022, pero dicho expediente fue finalmente archivado.

Otra candidata que tiene un llamamiento a juicio es Bertha Vélez Vélez, dentro de un proceso por presunta falsificación y uso de documento falso. La audiencia donde se escucharán las pruebas que permitan determinar si es culpable o inocente está prevista para el próximo 14 de febrero.

Este proceso se abrió en 2015, con la denuncia del representante legal de una compañía de transporte, quien apuntó que su empresa registraba un contrato público con la Dirección Distrital del MIES de Chone - Flavio Alfaro, pero que ese acuerdo no era verdadero. En esa época, Vélez era la directora de esta institución, según el expediente judicial. Ella también enfrentó una causa por presunto tráfico de influencias, pero esta fue archivada. Este equipo periodístico la contactó, pero no respondió.

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