Candidatos a asambleístas de la circunscripción 3 de Guayas: un sentenciado por un delito penal y solo cinco van a reelección

De los 96 postulantes a la Asamblea Nacional por la circunscripción 3 de Guayas, 59 no registran experiencia en cargos públicos, es decir el 61%. El movimiento Pueblo Igualdad Democracia (PID, lista 4) es la única de las 16 listas que presentó un bloque completo de seis aspirantes sin trayectoria en el sector público, seguido por el Partido Socialista Ecuatoriano (PSE, lista 17) y la Izquierda Democrática (ID, lista 12), con cinco postulantes cada uno que comparten el mismo perfil.

Tras la revisión de bases de datos del Consejo de la Judicatura y el Servicio de Rentas Internas (SRI), se identificó que cuatro candidatos a asambleístas por esta provincia han enfrentado procesos penales. Entre ellos, un postulante de la Revolución Ciudadana (RC, lista 5) fue sentenciado como culpable. Además, 30 candidatos no han presentado al menos una declaración del impuesto a la renta entre 2017 y 2023.

• 378 candidatos a asambleístas por Guayas buscarán ocupar las 24 curules de sus cuatro distritos

Esta es una investigación liderada por Fundamedios, con el apoyo de la Fundación Periodistas Sin Cadenas (FPSC), en la que participaron 38 periodistas. PRIMICIAS y otros 37 medios de comunicación se han unido a la alianza para difundir la información.

Candidatos a la reelección y rostros nuevos en la política

La mayoría de los 96 candidatos de la Circunscripción 3 de Guayas, que compiten por seis curules, no tiene experiencia en cargos públicos. En los registros Contraloría General del Estado, 59 postulantes no tienen historial laboral en instituciones estatales:

• En el Movimiento Pueblo Igualdad Democracia (PID), fundado en 2017 para respaldar al expresidente Lenín Moreno, ninguno de sus candidatos ha desempeñado funciones en el sector público.

• De los seis candidatos de la Izquierda Democrática (ID), del Partido Socialista Ecuatoriano (PSE) y de Democracia Sí, cinco no tienen experiencia en cargos públicos.

• Otros movimientos presentan una situación similar, con cuatro de sus seis candidatos carecen de experiencia en cargos públicos: los movimientos RC, Centro Democrático, Amigo, CREO y el Partido Unidad Popular (UP).

A la reelección va un grupo de cinco exasambleístas: 

• Nuria Butiñá Martínez, vinculada históricamente a la RC, quien aspira nuevamente a una curul respaldada por este movimiento político.
• Lucía Jaramillo Zurita, electa en 2023 por el PSC, ahora busca su reelección con el oficialista Acción Democrática Nacional (ADN, lista 7).
• Ferdinan Álvarez Zambrano dejó atrás la camiseta de la RC para postularse por ADN. Su desafiliación se concretó en octubre de 2023, tras un conflicto personal con el exvicepresidente Jorge Glas, que actualmente permanece en prisión.
• Daniel Onofa Cárdenas (ID) y Vicente Taiano Basante (PSC) buscan mantener sus posiciones legislativas bajo las mismas banderas políticas con las que construyeron sus carreras.

Quienes han sido funcionarios públicos han tenido que registrar sus patrimonios en la Contraloría General del Estado. El caso de Taiano Basante llama la atención por un aumento y disminución en poco tiempo. En julio de 2020 declaró un patrimonio de 173.929 dólares, en octubre de 2023 subió a 723.126 dólares y en noviembre del mismo año bajó a 377.154 dólares.

Ferdinan Álvarez (ADN) pasó de un déficit de 10.532 dólares en 2017 a un patrimonio de 138.242 dólares en 2023, poco antes de dejar la Asamblea tras la disolución por muerte cruzada. En la misma línea, Giovanni Fantoni (UP) triplicó su patrimonio en una década: en 2013 declaró 107.300 dólares y en 2023 reportó 373.832 dólares como asesor de gerencia en el Registro de la Propiedad de Guayaquil.

Las declaraciones de Gladys Loza Dávila (Pachakutik, lista 18) presentan inconsistencias. En 2024 afirmó ser asistente ejecutiva del CNEL desde 2008, pero tiene una declaración de 2019 como concejal alterna de Durán. En ninguno de los casos ha presentado declaración de fin de gestión. Como concejal alterna reportó un déficit de 17.170 dólares, es decir su patrimonio era negativo, en tanto que en la declaración periódica de 2024 señaló un patrimonio de 149.686 dólares.

María Gabriela García (Construye, lista 15) trabajó en ocho instituciones estatales en los últimos cuatro años, todas adscritas al Ejecutivo. En 2020 declaró un patrimonio de 23.400 dólares, que se incrementó en enero de 2024 a 218.500 dólares. En contraste, Jasmín Cedeño Mantilla (Democracia SÍ) declaró un patrimonio de 7,5 millones de dólares en 2015, principalmente por bienes inmuebles, es decir propiedades. Sin embargo en 2024, este bajó a 158.415, según lo reportado ante la Contraloría.

Los pendientes con la Justicia

Cinco candidatos de esta circunscripción se han enfrentado a la justicia en procesos penales. Una sola de las causas llegó a sentencia de culpabilidad en primera instancia, otra prescribió y el resto fueron archivadas.

Un candidato de la RC fue sentenciado culpable. Se trata Mario Moreno Araujo quien fue detenido en enero de 2018, durante un operativo policial en la Bahía de Guayaquil. Moreno atendía un local comercial en donde se encontraron 792 prendas de vestir valoradas en 3.970 dólares, cuya procedencia no pudo justificar, según las autoridades. La Fiscalía presentó cargos en su contra por el delito de receptación, argumentando que el acusado, como encargado del local, tenía conocimiento de que la mercancía era de origen ilícito.

Según la defensa, Moreno era empleado del dueño del local, quien no compareció durante el proceso judicial ni pudo ser localizado. La defensa presentó documentación que acreditaba la relación laboral de Moreno, incluyendo su afiliación al IESS desde 2011. A pesar de esto, las pruebas no justificaron la procedencia lícita de la totalidad de la mercadería.

El 6 de febrero de 2018, el tribunal dictó una sentencia condenatoria contra Moreno, aplicando una pena de 100 horas de trabajo comunitario, además de una multa equivalente al 25% del salario básico unificado. También se ordenó el decomiso de la mercadería.

Al ser consultado, Moreno respondió: “Las pruebas obrantes en el expediente demuestran fehacientemente que mi actuación se circunscribió al ámbito de mis funciones como empleado de un establecimiento comercial. Mi desconocimiento sobre la ilicitud de la mercancía, así como mi condición de trabajador afiliado al IESS, excluyen mi responsabilidad penal”.

Otro caso es el de Sandra Figueroa Aguilar, también candidata de la RC. De acuerdo al proceso judicial 0928720150055, en 2014 fue acusada de violación de propiedad privada por Josué Narváez Mendieta, hermano del exalcalde de Durán Dalton Narváez, ambos hijos de la exalcaldesa Mariana Mendieta.

Según la denuncia, el 24 de octubre de 2014, Figueroa, como funcionaria municipal de Durán, intervino en la expropiación de un local comercial que Josué Narváez arrendaba, sin mostrar documentación que respaldara la diligencia. Narváez afirmó en su acusación que Figueroa estaba acompañada por Julio César Arce Fajardo, padre de la entonces alcaldesa Alexandra Arce Plúas, a pesar de que este no tenía vinculación laboral con el Municipio.

El caso fue archivado, y todas las medidas cautelares contra Figueroa y Arce fueron revocadas. Fundamedios contactó a Figueroa para conocer su versión de los hechos, su relación con Julio César Arce y las razones de su acompañamiento, pero no se obtuvo respuesta.

Asimismo, Roxana Chala Quintero (RETO) fue dos veces querellada por calumnia en 2024, pero ambas causas fueron archivadas. Otro candidato denunciado por los mismos cargos fue Martha Fierro Baquero (AMIGO), pero el caso no avanzó y prescribió el 1 de julio de 2022.

Finalmente, Robert García Lecaro (PSC) fue denunciado en 2023 por estafa, según el proceso 11282202304515G, disponible en el sistema judicial, pero la Fiscalía concluyó que no se encontraron elementos suficientes para formular cargos en su contra. García enfrentó un segundo proceso (07283202401159G) cuyos detalles no constan en los archivos de la Función Judicial. Esta causa también fue archivada.

Los pendientes con el Fisco

Las deudas firmes de los candidatos con el Servicio de Rentas Internas (SRI) son limitadas, con solo seis personas registran pendientes. La mayor deuda corresponde a César Carrera (PID), por 1.124 dólares, mientras que las restantes no superan los 250 dólares.

Por otra parte, 30 de los 96 candidatos no han presentado al menos una declaración del Impuesto a la Renta entre 2017 y 2023. Entre quienes sí lo han hecho, solo dos reportaron montos superiores a los 10.000 dólares, alcanzando incluso cifras mayores a 100.000 dólares. 

Alejandro Vanegas Cortazar (RC) declaró un IR de 52.903 dólares en 2018, que aumentó a 107.807 en 2019 y bajó a 10.986 dólares en 2023. En un caso similar registra Luis Ayala Aguirre (Construye), quien declaró 21.836 dólares en 2017, incrementó a 51.611 dólares en 2019 y redujo la cifra a 8.392 dólares en 2023.

El SRI señala en su página web que están exentos de presentar declaración los contribuyentes domiciliados en el exterior y aquellos cuyos ingresos fueron demasiado bajos.

En 2023, al menos ocho candidatos declararon valores entre 1.100 y 5.000 dólares, mientras que 10 reportaron montos entre 1 y 1.000 dólares. En contraste, 37 de los 96 candidatos declararon en cero su Impuesto a la Renta y otros ocho no presentaron declaraciones en ese período.

La Circunscripción 3 de Guayas es la más grande entre las cuatro circunscripciones de la provincia. Con 1'598.271 votantes empadronados, esta zona incluye cantones con profundos desafíos como Durán, donde la corrupción se ha enquistado en sus instituciones municipales afectando su capacidad de gestión, y donde la pobreza alcanza al 65,40% de sus habitantes. También comprende el cantón Playas y algunas parroquias de Guayaquil, como Posorja, Puná, Tenguel y Rocafuerte.

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