Iván Saquicela: "Si el correísmo gana, Wilman Terán será el testigo estrella para revisar el caso Sobornos"
El abogado y exjuez nacional Iván Saquicela busca la Presidencia de la República. El jurista explicó a PRIMICIAS cuáles son sus principales ofertas de campaña.
Iván Saquicela Rodas, candidato a la Presidencia de la República por Democracia Sí.
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Israel Mora / PRIMICIAS
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Pese a que lleva más de 20 años en la vida pública del país, la figura de Iván Saquicela Rodas ganó relevancia en abril de 2020. Como juez nacional, el abogado cuencano de 49 años fue parte del Tribunal que sentenció al expresidente Rafael Correa a ocho años de prisión.
Posteriormente, Saquicela alcanzó la presidencia de la Corte Nacional de Justicia (CNJ). Desde ese sitial, no estuvo exento de polémicas, llegando incluso a ser mencionado en negociaciones políticas y casos de supuesta corrupción.
Luego de su paso por el máximo organismo de justicia ordinaria, Saquicela dejó la magistratura para volver a la política, luego de haber sido concejal de Cuenca en los 2000, para buscar la Presidencia de la República con Democracia Sí.
Antes del inicio de la campaña oficial, Iván Saquicela explicó a PRIMICIAS sus ofertas de Gobierno y respondió sobre las dudas que dejaron las polémicas que se suscitaron en su paso por la CNJ.
Seguridad y justicia
Ecuador atraviesa, desde hace años, la peor crisis de seguridad de su historia. Han pasado tres gobiernos y no han logrado contener y reducir la violencia. ¿Qué cambiaría en la estrategia?
Con absoluta franqueza, como abogado penalista y criminólogo que soy, debo decir que ha existido una política populista en torno a la inseguridad. Por ejemplo, el plantear consultas populares en donde se gasta mucho dinero y a todas luces no ayudan a combatir la criminalidad.
¿Qué hacer?
Empecemos desde lo institucional. Yo plantearía la creación de un organismo que dicte política criminal porque actualmente existe el Cosepe (Consejo de Seguridad Pública y del Estado), pero es de autoridades y no necesariamente las mismas conocen del problema de la seguridad.
Además, es fundamental que el Estado se encuentre fuertemente organizado y con cooperación internacional. Hoy nosotros tenemos, paradójicamente, un Ministerio del Interior cuando la delincuencia es transnacional.
También es fundamental una política criminal que ataque las causas de la criminalidad. Hay que entender que hay aspectos de corrupción, de débil institucionalidad, desigualdad, exclusión, falta de educación que son las verdaderas causas de la criminalidad.
El actual Gobierno ha usado a los militares en las calles, bajo la figura del conflicto armado interno, ¿cuál es su plan operativo para policías y militares?
Yo creo que las circunstancias del país son excepcionales y las respuestas y la intervención del Estado tienen que ser también excepcionales. Por tanto, yo creo que sí es importante el apoyo de las Fuerzas Armadas en circunstancias de excepcionalidad.
Usted proviene de la Función Judicial, que ha sido señalada como parte del problema de la seguridad por el nivel de corrupción. ¿Qué reformas impulsaría para el sistema de justicia?
Yo creo que la justicia tiene problemas. Hay corrupción, hay una falta de independencia judicial que se arrastra históricamente por metida de manos de los políticos. Hay un riesgo de impunidad. De hecho, el principal planteamiento del expresidente Rafael Correa es la impunidad y revisar el caso Sobornos.
La Asamblea Nacional y los sectores políticos han pretendido reformar el COIP (Código Orgánico Integral Penal) para permitir la revisión del caso Sobornos y casi condecorar al expresidente (de la Judicatura) Wilman Terán, icono de la corrupción judicial del país.
¿Cómo cambiar esta realidad?
Barrer con los jueces, fiscales y policías corruptos. No son todos, pero los corruptos se tienen que barrer.
¿Cómo identificarlos?
Hacer una evaluación internacional, no con el Consejo de la Judicatura porque el Consejo de la Judicatura siempre estuvo politizado, primeramente, con Pablo Rodríguez, funcionario del correísmo.
Luego Gustavo Jalkh, funcionario del correísmo; María del Carmen Maldonado, cercana al Gobierno de (Lenín) Moreno; Fausto Murillo, funcionario cercano a (Guillermo) Lasso; Wilman Terán, cercano a (Rafael) Correa. Y, actualmente, (Mario) Godoy, que es una mixtura entre el Gobierno actual y el correísmo. Esa es la verdad.
Entonces, se tiene que desaparecer el Consejo de la Judicatura con una reforma constitucional. Lo que tiene que haber es una Corte Suprema fortalecida, con jueces éticos e independientes, y un órgano administrativo supeditado a la Corte Suprema.
Usted, como juez y presidente de la Corte Nacional de Justicia, ha sido nombrado en la trama de corrupción del caso Plaga. ¿Qué responder ante esto?
Yo he sido absolutamente claro en dos cosas. Primero, aquí estoy y se me puede investigar y se debe investigar para llegar a la verdad. Es falso de falsedad absoluta.
Lo que sucede es que Rafael Correa fue condenado por mí, Jorge Glas fue condenado por mí. Carlos Pólit fue condenado por mí, Alecksey Mosquera, Vinicio Alvarado y Carlos Pareja Yannuzzelii fueron condenados por mí.
Entonces hay un plan del correísmo para desacreditar a la fiscal Diana Salazar y a mi persona. Recuerde que en la Asamblea Nacional, Wilman Terán ya dijo que la fiscal y yo le habríamos presionado a que condene a Corre. Porque lo preparan como testigo estrella para la revisión del caso Sobornos, si es que el correísmo gana y logra meter las manos en la justicia.
Economía y empleo
Para gobernar y combatir la delincuencia se necesita dinero. ¿Cómo enfrentará el millonario déficit fiscal que tiene el país?
En primer lugar, hay que realizar un gasto público responsable y plantear una renegociación de la deuda externa.
Además, es fundamental un fondo importante para la reactivación económica. De modo tal que pueda haber generación de empleo y pueda haber crédito para los jóvenes, para las mujeres, para las microempresas, para las medianas empresas.
¿Acudirá a los organismos internacionales de crédito?
Esto tiene que ser una postura de Estado y no una postura meramente ideológica. Hay que ser responsables con el país. En segundo lugar, tiene que ser una negociación justa.
No puede haber imposiciones en perjuicio de la gente, tiene que haber una renegociación que sea justa. Que como Estado tengamos que cumplir nuestras obligaciones, pero que se nos permita un pago de una deuda social, con la que se pueda dinamizar la economía del país.
¿Cómo enfrentaría la crisis energética, que ha llegado a niveles alarmantes?
Tienen que existir auditorías técnicas para llegar a determinar el real estado del sector energético nacional. Más allá de anuncios políticos y cálculos de electoreros, que le hacen tanto daño al país.
Además, se tiene que abrir el financiamiento o inversión del sector privado en fuentes alternativas de energía.
¿Pero cómo actuar de inmediato ante la crisis?
Concretamente, yo creo que una de las medidas más urgentes de un Gobierno responsable tiene que ser solucionar la crisis energética que implica inversión privada y fuentes alternativas de energía.
Parte del problema de Ecuador se debe a la falta de empleo. ¿Qué hacer específicamente para generarlo?
Yo soy de las personas que cree en una concurrencia entre lo público y lo privado. El sector público también puede dinamizar la economía, a través de inversión que en el Gobierno actual es nula
El sector privado tiene que sentir seguridad jurídica, incentivos y estabilidad para poder invertir. Una empresa privada que tiene derechos para poder invertir y que tiene obligaciones para un estado y para la sociedad.
Política y Gobierno
¿En su eventual Gobierno, cuál será el rol de su vicepresidenta María Luisa Coello?
Yo creo que la primera forma de dar un mensaje al país de que nuestro Gobierno tendrá un Estado de perspectiva de género es respetar a la vicepresidenta y darle verdaderas atribuciones para que cumpla su rol.
Luisa Coello estará encargada del ámbito del trabajo de las mujeres jóvenes. Y, como ella ha venido trabajando muchos años en el ámbito agropecuario, se va a encargar de en una parte de lo que tiene que ver con política en materia agropecuaria.
¿Ya tiene a su equipo de trabajo en sectores clave como energía, economía y seguridad?
No, no los puedo dar a conocer porque yo tengo un planteamiento diferente. Yo he leído que algunos ya tienen conformado su equipo de Gobierno y soy crítico de aquello porque lo que aprecio es que es un reciclaje de políticos reencauchados y un círculo de reparto de tortas.
Tengan la certeza, nosotros vamos a llamar a que sean parte del Gobierno a los mejores ciudadanos del país. Gente ética, gente profesional, gente capaz en cada área, independientemente de que sean de mi tienda política o no.
Uno de los principales problemas de los últimos Gobiernos ha sido cogobernar con una Asamblea de mayoría opositora y el panorama pinta igual para el próximo período. ¿Cómo destrabar la relación con el Legislativo?
Yo creo que es vital que exista un diálogo con los diferentes sectores políticos y tiene que haber la gobernabilidad en grandes ideas y políticas de Estado. Esto, con un solo límite, yo no voy a negociar la impunidad.
Los dos anteriores Gobiernos han sido aliados en la Asamblea Nacional, lo que hoy ha permitido que la Asamblea esté presidida por quienes han sido señalados de narcopolítica con su complicidad.
En su período como titular de la Corte, usted fue señalado como parte de una negociación con Virgilio Saquicela y Esteban Torres. ¿Qué pasó en esa ocasión y como evitar que siga habiendo injerencia entre las Funciones del Estado?
Esa fue una noticia que llegó simplemente a ser tergiversada. Usted puede ver las notas sobre mi gestión pública. El presidente Guillermo Lasso fue a la Corte Nacional. Yo convoqué 70 asambleístas para entregarles una propuesta de reforma normativa.
Me he reunido abiertamente y sobre temas exclusivamente de orden institucional con autoridades del Estado. De modo que niego esa afirmación.
Esa supuesta reunión fue en el contexto del juicio político al Consejo de la Judicatura y todos los vocales de la Judicatura fueron seriamente cuestionados por mí.
¿Cuáles son los tres puntos principales de su Gobierno?
Combatir la inseguridad y la corrupción, generar empleo y solucionar la crisis energética para conseguir un país de estabilidad y de justicia social.
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