Sacha: Gobierno obtendría USD 6.314 millones con la adjudicación; según auditoría el campo podría generar USD 14.941 millones

Hoy mismo (25 de febrero de 2025) se reunirá el Comité de Licitaciones de Hidrocarburos (COLH) para resolver la adjudicación, directa y sin concurso, a un consorcio extranjero del campo Sacha, el más productivo de Ecuador. 

Actualmente, el Estado posee el 100% de la producción de Sacha. Pero eso cambiará. PRIMICIAS accedió a documentos que detallan los términos de la negociación entre el Estado y el consorcio.

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La negociación prevé que el Estado delegue el campo petrolero Sacha al consorcio, a través de un contrato de participación, con el que el consorcio se lleva una parte de la extracción petrolera a cambio de las inversiones que se compromete a realizar en el campo, que actualmente está en producción.

De acuerdo con las actas de negociación con el Ministerio de Energía, el consorcio extranjero se llevaría el 87,5% de la producción petrolera de Sacha cuando el precio internacional del petróleo (bajo marcador WTI) se ubique en hasta USD 62 por barril, y el Estado se quedaría con el 12,5%. 

Es decir, de cada 100 barriles que se extraigan de Sacha, 87,5 barriles se llevará el consorcio chino canadiense y 12,5 barriles se quedarán para el Estado.

¿Qué pasa si el precio del petróleo sube? La participación del Estado en la producción de Sacha subiría progresivamente, con un máximo del 20%, pero para poder alcanzar ese porcentaje de participación el precio del petróleo tendría, prácticamente, que duplicarse hasta los USD 120 por barril. En ese escenario, la participación de la compañía en la producción bajaría hasta el 80%.

El precio promedio del barril del WTI fue de USD 75,88 en 2024, según el Banco Central del Ecuador (BCE).

• Lea: Estos son los argumentos legales del Gobierno para delegar Sacha a un consorcio extranjero sin concurso:

A cambio, la oferta del consorcio contempla entregar un bono anticipado de USD 1.500 millones al Estado y hacer inversiones por USD 1.750 millones, por los 20 años que duraría el contrato, con lo que se incrementaría la producción de los 77.191 barriles diarios de petróleo actuales a 100.000 barriles diarios.

Pero la producción a repartir no son solo los 23.000 barriles diarios que se añadirían a la producción de Sacha, sino toda la producción de este campo; es decir, la que actualmente ya produce el campo por las inversiones que ha hecho el Estado y en las que la compañía no ha puesto dinero. 

Los porcentajes de participación del Estado en la producción petrolera del campo Sacha, si llega a delegarse en los términos negociados, serán más bajos que el 26,65% que recibía en promedio en el bloque 15, Edén Yuturi y Limoncocha, cuando esas áreas eran operadas por la petrolera estadounidense Occidental. 

A diferencia de Sacha, que está en producción, el bloque 15 no lo estaba cuando fue adjudicado a Occidental en el 2000. La empresa realizó el 100% de las inversiones en el área, el Estado no puso dinero.

El bloque 15 llegó a producir 100.000 barriles de petróleo al día en mayo de 2016, cuando el gobierno del entonces presidente Alfredo Palacio declaró la nulidad del contrato con Occidental por incumplimientos a la Ley de Hidrocarburos, con lo que las áreas pasaron a manos del Estado sin costo.

Gobierno defiende negociación

Pese al alto porcentaje de petróleo que se llevará el consorcio chino canadiense en Sacha, el Viceministro de Hidrocarburos, Guillermo Ferreira defendió la negociación, en entrevista con PRIMICIAS. 

El Viceministro de Hidrocarburos considera que todos los beneficios que obtiene Ecuador al delegar el campo Sacha debe ser calculado en función de la renta petrolera (es decir, la utilidad final) y no de la producción.

"A nosotros no nos interesa el volumen de crudo (que se lleve la compañía, ndr.), sino que ellos (el consorcio) tengan una producción incremental, bien alta, para que nosotros recibamos renta petrolera a través del pago de los impuestos, de la Ley 40, del uso del oleoducto SOTE", dijo Ferreira. 

"No nos interesa el volumen de crudo (que se lleve la compañía, ndr.), sino que ellos (el consorcio) tengan una producción incremental, bien alta, para que recibamos renta petrolera".

Guillermo Ferreira, viceministro de Hidrocarburos

Ferreira justificó el alto porcentaje de barriles extraídos en Sacha a favor del consorcio en que ese valor reconoce las inversiones que tiene que hacer en el campo y que, según él, son de más riesgo "porque las condiciones del yacimiento ahora son más precarias que lo que originalmente podía tener un campo nuevo". 

Y añadió que hay otros riesgos que asume la compañía, como una infraestructura que requiere altas inversiones. 

Ferreira mencionó, por ejemplo, que más del 60% de los tanques en Sacha están en condiciones críticas, los sistemas contra incendios hay que modernizarlos, casi el 40% de los separadores de producción (donde se separa el agua del petróleo) están fuera de especificaciones. 

No obstante de eso, según cifras oficiales, la petrolera estatal Petroecuador, que operaba el campo, ha logrado incrementar la producción de Sacha en los últimos cuatro años, pasó de  63.921 barriles diarios a 77.191 barriles diarios, un aumento del 31%. Sacha genera, con la producción actual, ingresos brutos de unos USD 1.928 millones al año para el Estado.

Según Ferreira, la oferta del consorcio chino canadiense propone aprovechar el gas de más de 80 mecheros que ahora queman gas al aire libre.

Otro compromiso del consorcio es invertir en una planta de generación eléctrica de 90 megavatios y hay proyectos de recuperación de pasivos ambientales en el campo. 

Además de eso, el consorcio se compromete a realizar recuperación mejorada de la producción, entre otros.

Ferreira defendió que la normativa ecuatoriana dispone que el Estado participe en, al menos, el 51% de la renta petrolera si se delegan los campos, pero que en este caso se ha negociado el 82%.  

Cuál es la utilidad del Estado si se delega Sacha, según el Gobierno

El Viceministro de Hidrocarburos dijo que, con lo negociado, el Estado obtendrá una utilidad (renta petrolera) de USD 6.314 millones en los 20 años del contrato, que equivale al 82% de la utilidad total que generará el campo.  

Ese valor incluye todos los impuestos que pagará el consorcio al Estado, con excepción del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto a la Salida de Divisas (ISD).

Auditoría de reservas de Sacha habla de ingresos superiores

La auditoría que certificó las reservas del campo Sacha, en 2022, daba cuenta de que el campo podría generar ingresos netos para el Estado mucho más altos considerando una operación del 100% en manos de la estatal Petroecuador.

La auditoría se denomina “Estimaciones de Reservas e Ingresos Futuros y Recursos Contingentes y Prospecticos sin riesgo para el 100% de la participación en el bloque 60-Campo Sacha (descargue el documento aquí)". 

Esta certificación de reservas tiene fecha del 31 de mayo de 2022 y fue realizado por la empresa Netherland, Sewell & Associates (NSAI), una de las firmas con más reputación en la evaluación y certificación de reservas de petróleo y gas a escala mundial y cuya sede está en Texas. 

La auditoría fue contratada por la petrolera estatal Petroecuador. 

La auditoría estima las reservas probadas, probables, posibles de Sacha en 372 millones de barriles de petróleo y 96,8 millones de pies cúbicos de gas. Según el informe, los ingresos netos futuros (traídos a valor presente) por ese volumen de reservas probadas, probables, posibles son de USD 14.941 millones.

Pero aún cuando solo se produjeran las reservas probadas, que son 262 millones de barriles, los ingresos netos futuros para el Estado serían de USD 10.940 millones, muy por encima de lo negociado para el Estado si se delega al consorcio extranjero.

Al valor se llega considerando proyecciones variables del precio del petróleo WTI y "después de deducciones por los costos de capital y gastos de operación del campo Sacha, pero antes de considerar cualquier impuesto sobre la renta". 

Y precisa que los gastos de operación de Sacha se refieren a los gastos de producción; en cambio, los costos de capital se basan en autorizaciones para gastos y costos reales de actividad reciente e incluyen "reparación de pozos, pozos nuevos de desarrollo y equipo de producción".

La auditora usó, además, para calcular el valor una tasa anual de descuento del 10% para determinar su valor presente, el cual se usa para indicar el efecto del tiempo en el valor del dinero. 

Netherland, Sewell & Associates dice, además, en su informe que los ingresos netos futuros no deberán ser interpretados como el valor justo de las propiedades en el mercado.

Lo que dice el Gobierno sobre la auditoría

Pese a eso, Ferreira minimizó el informe e, incluso, llegó a calificar a la cifra de USD 14.941 millones estimados por NSAI como "falsa" en relación a que eso no es lo que generaría el campo si se queda en manos del Estado. 

Justificó las negociaciones del Ministerio de Energía al señalar que el Gobierno sí evaluó qué pasaría con el campo si se lo deja al esfuerzo propio, es decir, en manos de Petroecuador, y el resultado, según Ferreira, fue que el Estado obtendría una renta de USD 4.779 millones, que "es muy por debajo de USD 6.314 millones que estamos negociando". 

"Evaluamos y eso está en el informe de riesgo fiscal, que va a ser público", ofreció Ferreira. 

Y añadió que la estimación del Gobierno de USD 6.314 millones, "incluye las inversiones que Petroecuador había estimado para 248 millones de barriles. Con eso calculamos el VPN (valor presente neto para el Estado en Sacha), además con la infraestructura que estaban en unos USD 1.300 millones y costos operativos de unos USD 3.700 millones".

Ferreira dijo, además, que en la negociación se mejoraron las condiciones para el Estado, pues inicialmente la compañía ofrecía USD 1.100 millones, pero terminó acordándose en USD 1.500 millones. 

La oferta inicial de la compañía era que el Estado pague una tasa de financiamiento del 12% (como si fuera una especie de crédito), pero, según Ferreira, eso no se aceptó y aseguró que los USD 1.500 millones no generarán ningún costo para el Estado.