Resolución que elimina el pago de desahucio por retiro voluntario solo aplica para el sector público
Enma Tapia Rivera, presidenta de la Sala Especializada de lo Laboral de la Corte Nacional, aclaró que el no pago del desahucio solo rige para el sector público en casos de retiro voluntario. La Ministra de Trabajo cuestiona la resolución y dice que es un error y un retroceso de derechos.
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Foto referencial del Ministerio de Trabajo, el 2 de diciembre de 2016.
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La Corte Nacional de Justicia publicó este 13 de febrero de 2025 la Resolución 03-2025 que regula el no pago de desahucio por retiro voluntario.
La resolución está en plena vigencia desde el 22 de enero de 2025 cuando fue aprobada, según establece su artículo 2, pues rige sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial. Se trata de una resolución con fuerza de Ley.
La resolución generó dudas sobre su alcance, por lo que la jueza Enma Tapia Rivera, presidenta de la Sala Especializada de lo Laboral de la Corte Nacional de Justicia, aclaró en su cuenta de X (antes Twitter) que el no pago del desahucio solo rige para el sector público, que tiene la figura especial de retiro voluntario.
El desahucio es un bono equivalente al 25% de la última remuneración mensual por cada uno de los años de servicio prestados a la misma empresa o empleador.
"Para todo el resto (de trabajadores) siempre se pagará desahucio cuando haya renuncia con aceptación, despido o solicite desahucio. Las reglas no cambian para nada. Es solo para esta figura", explicó la jueza al aclarar que no aplica para los trabajadores privados porque para ese sector no existe la figura de retiro voluntario.
Y añadió que en el sector privado: "Si usted renuncia y le aceptan la renuncia es acuerdo entre las partes y tendrá derecho a su desahucio, si solicita desahucio propiamente dicho también deben pagarle el mismo, si lo despiden de igual manera se paga desahucio. Y siempre tendrá derecho a su jubilación si cumple con los años para ello".
Frena pagos onerosos en el sector público, dice experta
La abogada laboral Vanessa Velásquez explica que la figura de retiro voluntario específicamente es un derecho establecido en la Ley de Empresas Públicas, que establece un pago de hasta siete salarios básicos unificados por cada año de servicio con un máximo de 210 salarios (USD 98.700).
Antes, además de ese pago, algunos jueces laborales fijaban que el servidor público reciba el pago de desahucio.
Y, de esa manera, "estos servidores públicos recibían montos muy altos y onerosos".
Pero ahora "muy acertadamente la Corte Nacional resuelve que no se haga doble pago de bonificaciones para los servidores públicos" y por eso ya no recibirán desahucio, sino solo la bonificación por retiro voluntario.
La Corte Nacional aclara, además, que el retiro voluntario no es una salida del servidor público por acuerdo de las partes, sino una decisión voluntaria del trabajador, por tanto, no debe aplicarse el segundo inciso del artículo 184 del Código del Trabajo, referido al desahucio.
"Mi criterio es que está bien lo que ha hecho la Corte Nacional", dice Velásquez.
En estos criterios coincide también el procurador de la Federación de los Trabajadores Públicos y Privados, Cristóbal Buendía, para quien queda claramente establecido que solo rige para los servidores públicos en caso de retiro voluntario, por lo que descartó presentar una demanda de inconstitucionalidad como inicialmente habían anticipado.
Ministra: resolución no puede reformar el Código
La ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, aclaró a PRIMICIAS que la resolución aplica solo para el sector público, pero cuestiona la medida porque implica que la Corte Nacional está reformando el Código del Trabajo.
La Ministra explica que el Código de Trabajo ya fue reformado para que no solo las personas que son despedidas reciban la bonificación por desahucio, sino también aquellas que salen de manera voluntaria.
Pero ahora la Ministra dice que la resolución de la Corte Nacional está "erradamente" reformando el Código, para estos trabajadores que se retiran de manera voluntaria en el sector público no reciban el beneficio del desahucio.
"Viola una garantía normativa laboral de derecho que fue ya reformada a favor de aquellas personas que están en el sector público y que las tutela el Código de Trabajo".
Y añade que "no cabe que el Pleno de la Corte Nacional de Justicia aplique retrocesos a conquistas laborales y menos a bonificaciones".
Vuelve a equivocarse al Corte, enfatiza Núñez, como lo hizo tiempo atrás en la resolución relacionada a la demanda por despido ineficaz que aplica para mujeres en estado de lactancia y embarazo.
En ese caso, una resolución de la Corte Nacional reformó el Código Orgánico de Procesos porque prohibió a estas mujeres incluir en su reclamo por despido ineficaz el pago de otras pretensiones pendientes como décimos, vacaciones y remuneraciones atrasadas, y ordenó que lo hagan por cuerdas separadas, dice Núñez.
La ministra Núñez advierte que la Resolución 03-2025 sobre el no pago de desahucio para retiro voluntario puede acarrear demandas de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional y no descarta que el mismo Ministerio pueda estudiar el tema.
"Estamos terminando de estudiar la resolución. Pero no tendríamos ninguna dificultad de presentar una demanda de inconstitucionalidad a una resolución de la Corte Nacional que pretende reformar el Código del Trabajo".
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