Pese a alza de impuestos, Noboa no logra reducir los atrasos con proveedores, IESS y gobiernos locales
Hasta julio de 2024, el Gobierno acumula pagos atrasados por USD 1.535 millones. Los mayores ingresos tributarios no han alcanzado para sostener el millonario gasto público.
El Ministro de Finanzas, Juan Carlos Vega, en una reunión con autoridades de Gobierno en Durán, 1 de agosto de 2024.
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Cuenta X del Ministerio de Finanzas, 1 de agosto de 2024.
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A pesar de que el Gobierno de Daniel Noboa aumentó impuestos como el de Salida de Divisas (ISD) y al Valor Agregado (IVA) los atrasos con proveedores, gobiernos locales y la seguridad social siguen creciendo. Incluso se crearon nuevos impuestos temporales para bancos, cooperativas y empresas.
Ni el desembolso de USD 1.000 millones del nuevo crédito del Fondo Monetario Internacional (FMI) en junio de 2024 ha logrado revertir la tendencia de crecimiento en la cuenta de pagos atrasados en lo que va del año.
Y es que de los USD 800 millones de ese préstamo, USD 450 millones se utilizaron para pagar préstamos y laudos, según información que proporcionó el Ministerio de Finanzas a la Asamblea.
¿Cuál es el monto de atrasos?
El gasto público en el Presupuesto General del Estado llegó a USD 13.782 millones entre enero y julio de 2024, pero en la práctica solo se han pagado USD 12.247 millones. Eso significa que el Gobierno Central ya acumula atrasos por USD 1.535 millones hasta julio.
Se trata de un problema que arrastra el Presupuesto desde el Gobierno anterior. La administración de Guillermo Lasso heredó al de Noboa USD 5.000 millones en atrasos en noviembre de 2023.
La situación de liquidez en las cuentas del Estado era tan grave en ese momento, que el Gobierno de Daniel Noboa tuvo que realizar una operación de liquidez de emergencia y tomar recursos prestados del banco público CFN porque el dinero del Presupuesto no alcanzaba pagar los sueldos de los funcionarios públicos en diciembre de 2023.
Acuerdo con el FMI plantea reducir atrasos
El incremento de atrasos refleja la poca liquidez que tiene el Gobierno Central para sostener el millonario y rígido gasto público, que ha crecido de manera sostenida por años, dice Hanns Soledispa, director de la firma Exponential Research.
"No importa que subieron los impuestos o que llegó dinero de préstamos, los gastos son tan altos que no hay plata que alcance", agrega.
En el nuevo acuerdo de crédito con el FMI, del 31 de mayo, el Ministro de Finanzas, Juan Carlos Vega, reconoció que el incremento de atrasos que se arrastra desde 2023 es un problema que ha perjudicado el crecimiento económico de Ecuador.
De ahí que Finanzas se fijó la meta de reducir los atrasos en el Presupuesto del Estado, como parte del programa con el multilateral. Pero esos resultados se comenzarían a ver recién a final del año.
Está previsto que el equipo económico de Noboa prepare una estrategia para eliminar y prevenir la reaparición de los atrasos en el Presupuesto, que se presentará a fines de noviembre de 2024.
Soledispa explica que "incurrir en atrasos en los pagos en el Presupuesto es un mecanismo mediante el cual el Gobierno Central evita tener que endeudarse mediante préstamos". Esto, en un año en el que no hay certeza de que lleguen todos los recursos esperados de prestamistas internacionales.
Es decir, en lugar de tomar un préstamo o emitir bonos, que implicaría pagar intereses, el Gobierno deja de pagar a los proveedores o al IESS y así ya no toma deuda.
Sin embargo, esos atrasos crean un problema grave en la cadena de pagos, ya que los proveedores que no reciben sus pagos, a su vez, dejan de pagar sueldos o deudas bancarias, por ejemplo. Así, el ritmo de la economía se sigue desacelerando, añade.
¿En donde hay más atrasos?
El mayor atraso del Gobierno corresponde al aporte del 40% a las pensiones de los jubilados del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) que debe hacer el Estado.
Entre enero y julio, el Gobierno Central debió transferir USD 1.412 millones al IESS por ese aporte, pero en la práctica solo ha desembolsado USD 862,3 millones.
Esto se suma a la millonaria e histórica deuda por atenciones de salud que tiene el Estado con el IESS por más de USD 5.000 millones, que data de 2001.
Como resultado de este escenario, el IESS vive una grave situación de liquidez y también ha incurrido en deudas con sus proveedores. Empresas privadas que prestan el servicio de diálisis anunciaron en julio de 2024 que dejarían de atender a pacientes del IESS por esas deudas pendientes.
Le siguen los atrasos en las asignaciones presupuestarias a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD); es decir, a las alcaldías, prefecturas y juntas parroquiales, por el modelo de equidad territorial.
El modelo de equidad territorial está establecido en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad). Este dispone que los gobiernos locales tienen derecho a recibir:
El 21% de los ingresos permanentes del Presupuesto General del Estado (impuestos y tasas) y el 10% de los ingresos no permanentes (provenientes de las exportaciones de petróleo).
De ahí que los gobiernos locales debían recibir transferencias por USD 1.687 millones entre enero y julio de 2024, pero recibieron USD 1.314 millones. Quedan pendientes USD 373 millones.
Los atrasos con las empresas privadas que son proveedoras del Estado también siguen creciendo, dice Marco Leguísamo, representante de un grupo de alrededor de 100 pequeños y medianos proveedores del Estado.
Aunque no hay una sola cuenta que agrupe lo que el Gobierno Central gasta en los servicios y bienes que le venden los proveedores, la cuenta denominada "bienes y servicios de consumo" permite un acercamiento.
En esa cuenta están gastos del Estado en varios tipos de bienes vendidos por estos proveedores, por ejemplo, uniformes, medicamentos e insumos médicos, material de oficina, artículos de limpieza y muebles.
Entre enero y junio, el Gobierno debió pagar USD 849 millones por los gastos registrados en la cuenta de bienes y servicios de consumo, pero solo pagó USD 577 millones. Esto significa que hay atrasos por USD 272 millones.
También hay proveedores que venden servicios y bienes relacionados a la construcción de obra pública. Los atrasos en gastos obra pública suman USD 6,7 millones entre enero y julio.
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