Ahora la polémica rodea a Sacha; en el correísmo la adjudicación de los campos Shushufindi y Auca estuvo plagada de irregularidades
En la última década, la adjudicación de los campos petroleros estatales más productivos de Petroecuador a petroleras extranjeras o privadas han sido objeto de cuestionamientos
Torre petrolera en el campo petrolero Sacha, ubicado en la Amazonía ecuatoriana, el 20 de octubre de 2021.
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Archivo de Petroecuador
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La adjudicación de Sacha, el campo petrolero más productivo de Ecuador ha avivado la confrontación entre el Gobierno y el movimiento político Revolución Ciudadana, con el que disputa la segunda vuelta por las elecciones presidenciales en abril de 2025.
El candidato presidente Daniel Noboa dijo, mediante una carta pública, que el movimiento correísta "hipotecó" los campos estatales Auca y Shushufindi con un préstamo a una tasa del 19,95% de interés anual, cuando estuvieron en el Gobierno (2007 - 2017) y defendió que con Sacha no ocurrió eso, sino que ha conseguido condiciones a la altura que merecen los ecuatorianos.
En cambio, el movimiento correísta, que busca volver al poder, ha reaccionado diciendo que el actual Gobierno pretende privatizar Sacha, al delegar, sin concurso, a un consorcio extranjero, bajo condiciones que califican de lesivas, pues la compañía se llevará entre el 81% y el 73,5% de la producción petrolera que se extrae del campo a cambio de las inversiones ofrecidas.
Incluso, la candidata correísta, Luisa González, ha hablado de revertir el contrato si llega a la Presidencia.
¿Por qué esos campos están en disputa?
La petrolera estatal Petroecuador maneja 23 bloques petroleros, pero cinco son los llamados campos maduros o también las "joyas de la corona" porque, pese a que comenzaron a explotarse en los años setenta, siguen en producción y, además, poseen un petróleo de alta calidad.
Son: Sacha, Auca, Shushufindi, Libertador y Cuyabeno, ubicados en la Amazonía norte. Juntos, los cinco campos producen 235.241 barriles diarios de petróleo, esto es, el 63% de la producción de la estatal Petroecuador.
Dado su enorme valor, gobiernos en la última década han buscado delegarlos o concesionarlos a privados cuando han necesitado liquidez en la caja fiscal.
¿Qué pasó con Shushufindi en el correísmo?
En 2012, el gobierno de Correa adjudicó los campos Shushufindi-Aguarico al Consorcio Shushufindi, cuya principal accionista es la compañía francesa Schlumberger; y los campos Libertador-Atacapi a la empresa Pardaliservices, integrado por las empresas españolas Servicios Libertador y Tecpetrol Servicios (cuyo mayor accionista es Schlumberger).
Lo hizo por un plazo de 15 años y mediante un contrato de prestación de servicios.
Bajo este modelo, el Estado se queda con el 100% del petróleo extraído y las compañías privadas reciben una tarifa por cada barril de crudo a cambio de sus inversiones. La tarifa en Shushufindi fue de USD 30,62; y en Libertador de USD 39,53.
En 2022, Fernando Villavicencio, entonces presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional y que fuera asesinado el 9 de agosto de 2023, denunció que esas tarifas eran sobredimensionadas en perjuicio del Estado. Y dijo que debían fijarse en unos USD 13 por barril, según las estimaciones técnicas oficiales de la época.
Pero esta no fue la única señal de alarma. Los oscuros términos en los que se negociaron esos contratos serían revelados años más tarde.
A finales de 2013, el entonces director de la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero (ARCH), José Luis Cortázar conformó una comisión para auditar los contratos de Shushufindi y Libertador.
Uno de los hallazgos fue que la curva estimada de declinación de la producción del campo, así como la tarifa pagada, no tenían ningún soporte técnico, ni estaban documentadas.
La curva sirve para determinar el petróleo nuevo añadido por la contratista y sobre el cual tenía derecho a cobrar la tarifa.
En febrero de 2014, Cortázar informó de estas novedades al entonces vicepresidente Jorge Glas, hoy sentenciado por corrupción, pero él le pidió que tuviera cuidado con lo que estaba investigando, que no dejara nada por escrito, "pues con eso, años más tarde, podrían encarcelar al presidente Correa".
El video del encuentro, que fue grabado con cámara oculta por el propio Cortazar, fue difundido por el portal Código Vidrio, en mayo de 2022 (mire el video de Glas aquí).
Cinco meses después, en julio de 2014, Cortazar fue convocado por Rafael Poveda, entonces ministro de Sectores Estratégicos y otros funcionarios a una reunión en la que le advirtieron sobre los riesgos que implicaba su auditoría para el entonces gobierno de Rafael Correa. Esta reunión también fue filmada por Cortázar, con cámara oculta. El video fue publicado por PRIMICIAS en julio de 2022.
En la reunión, Cortázar insiste en que no existían sustentos técnicos en el contrato para fijar la tarifa pagada por el Estado ni se sabe de dónde salió, lo cual implicaba un perjuicio para el fisco, en beneficio de Schlumberger.
Molesto y preocupado, Poveda le dice a Cortázar: "estás cuestionando es toda la política petrolera de los últimos cinco años".
Ante los reclamos, Cortázar terminó aceptando borrar de su informe datos clave sobre la curva de producción de los campos y sobre la tarifa que el Estado paga a los consorcios liderados por Schlumberger.
Mas tarde, en agosto de 2017, el régimen del entonces presidente Lenín Moreno renegoció las tarifas de estos campos.
En Shushufindi-Aguarico la tarifa bajó a USD 19,50 por barril, una reducción de USD 10,35 frente al valor inicial.
En Libertador-Atacapi, la nueva tarifa fue de USD 25,5 por barril, es decir, una baja de USD 13,04 frente a lo que negoció el correísmo.
Los dos contratos propuestos para los campos Auca y Sacha no son comparables, porque la forma de pago a la compañía es distinta, los parámetros legales también son diferentes, al igual que sus modelos económicos. Sin embargo, se puede describir algunos elementos de cada uno de ellos.
Qué pasó en Auca
El 14 de diciembre de 2015, tras una negociación directa y apresurada que duró solo tres meses, el Gobierno del entonces presidente Rafael Correa adjudicó el campo Auca a la compañía privada Shaya Ecuador, filial de Schlumberger.
Lo hizo bajo un contrato de prestación de servicios con financiamiento. Por la negociación, el país recibió USD 1.000 millones bajo la figura de Derecho Contractual Intangible, una especie de bono anticipado, que el gobierno de la época destinó a gasto público.
Mientras los contratos de Shushufindi y Libertador eran a 15 años, el contrato en Auca fue a 20 años plazo.
Otra diferencia era que la contratista privada en Shushufindi y Libertador cobraba una tarifa solo por el petróleo que logre incrementar.
En cambio, Shaya cobraba una tarifa por el 100% del petróleo de Auca y no solo del que logre incrementar, es decir, de los barriles que hoy se extraen gracias a las inversiones que ha hecho el Estado en el pasado. La tarifa ponderada negociada fue de USD 26,05.
Pero esa tarifa no era real según denunció a la Fiscalía, en 2022, el entonces asambleísta Fernando Villavicencio.
Lo anterior porque Petroecuador tiene que pagar costos operativos adicionales a Shaya. Entre esos están transporte de petróleo por el oleoducto estatal SOTE, provisión de energía, combustibles, seguridad física, mantenimiento de la infraestructura de producción o la contribución a las provincias amazónicas, establecida en la Ley. Tomando en cuenta esos costos operativos, según la misma denuncia de Villavicencio, el costo por barril en Auca ascendió a USD 43,05 por barril en 2022.
Qué se negocio en Sacha
El Gobierno de Daniel Noboa adjudicó el 28 de febrero de 2025, de manera directa y sin concurso, la operación de Sacha al consorcio extranjero Sinopetrol, pero aún falta firmar el contrato.
Un cuadro publicado en X por el exgerente de Comercio Internacional de Petroecuador, Pablo Noboa permite ver las características de ambos contratos, que no son estrictamente comparables, pues son modelos económicos distintos y modelos de contrato diferentes.
Una similitud entre Auca y Sacha es que ambos campos estaban en producción al momento de su adjudicación, ambos con el argumento de la falta de dinero para invertir en el sector petrolero y la necesidad de liquidez para financiar el Presupuesto General del Estado.
Otra semejanza: ambos contratos prevén reconocimiento de las inversiones de las empresas sobre el 100% de la producción que genera el campo y no solo sobre la que logren incrementar.
Ambos prevén la entrega de un bono anticipado, aunque en Auca fue de USD 1.000 millones y en Sacha se ofrece USD 1.500 millones.
Pero también hay diferencias. La primera es el modelo contractual. En Auca se firmó un contrato de servicios específicos, donde el Estado no pierde la propiedad del petróleo, se queda con el 100% del crudo extraído.
En cambio, en Sacha se prevé firmar un contrato de participación, con el que el consorcio extranjero se lleva una buena parte de la extracción petrolera (un promedio ponderado de entre un 77,5% y un 85%, dependiendo del precio del petróleo) a cambio de las inversiones, lo que ha generado el rechazo de movimientos sociales.
En Sacha, el consorcio extranjero Sinopetrol se compromete a hacer inversiones por USD 1.750 millones, por los 20 años que duraría el contrato: esto es USD 87,5 millones al año en promedio, menos que los USD 158 millones al año que en promedio invierte la actual operadora estatal Petroecuador, según denuncian trabajadores petroleros. Sacha tiene una producción diaria de 77.000 barriles diarios y 342 millones de reservas.
Para Auca, la empresa Shaya ofreció inversiones de USD 3.987 millones para los 20 años del consorcio. Aunque hay observaciones sobre los límites impuestos en el contrato para el control del plan de inversiones. Auca produce 73.000 barriles diarios y tiene 280 millones de reservas.
El presidente Noboa defendió las condiciones del contrato en Sacha el 6 de marzo de 2025 y dio hasta el 11 de marzo a Sinopetrol para entregar el bono de USD 1.500 millones o dijo que no firmaría el contrato.
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