Empresas del consorcio Sinopetrol tienen controversias pendientes con el Estado, independientemente del campo Sacha
Petrolia y Amodaimi, las empresas que conforman el consorcio al que se le adjudicó sin concurso la operación del campo Sacha, arrastran tres temas relacionados con su operación en los bloques 16 y 67 (Tivacuno), que concluyó en 2022.
Imagen de instalaciones petroleras en el campo Sacha.
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Cortesía Petroecuador.
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Las empresas que conforman el consorcio Sinopetrol, que se adjudicó por delegación directa y sin concurso el campo Sacha, tienen tres pendientes con Ecuador. Desde una notificación de inicio de arbitraje hasta un cobro de Petroecuador, las compañías han venido enfrentando estos procesos a la par de las negociaciones para la operación de Sacha.
El consorcio Sinopetrol está conformado por dos empresas: Amodaimi Oil (filial de la china Sinopec, con el 60% de participación) y Petrolia Ecuador (filial de la canadiense New Stratus Energy, con el 40% de participación en el consorcio). Como publicó PRIMICIAS, ambas tuvieron años trabajando juntas, en la operación de los bloques 16 y 67, antes en manos de Repsol Ecuador.
Amodaimi y Petrolia todavía tienen el 20% y 35%, respectivamente, en otros dos consorcios: el consorcio petrolero Bloque 16 y el consorcio petrolero Tivacuno (bloque 67). Dicha información consta en las notas a los estados financieros de ambas empresas, disponibles en la Superintendencia de Compañías.
En diciembre de 2022, el gobierno de Guillermo Lasso oficializó la decisión del Estado ecuatoriano de revertir los bloques 16 y 67 (Tivacuno) a Petroecuador. Eso derivó en una notificación de arbitraje contra el Estado por parte de New Stratus Energy, la matriz de Petrolia y participante mayoritario de los consorcios que operaban los bloques que fueron revertidos.
Justamente de su operación en esos bloques nacen las controversias pendientes, que han venido tratando de solucionarse a la par de las negociaciones de ambas empresas para el campo Sacha. Aunque, según Ramiro Páez, apoderado de Petrolia, no tienen ninguna relación y ni influencia las unas sobre las otras.
"Son procesos separados, no tiene nada que ver Sacha con el bloque 16. Es algo independiente, no es conveniente mezclar porque eso detendría el proceso de negociación (de Sacha), imagínese, si esperamos a que se resuelva todo pasarían años".
Ramiro Páez
1. La notificación de arbitraje
La notificación de controversia después de la reversión de los bloques 16 y 67 la emitió New Stratus Energy, como matriz de Petrolia Ecuador, que a su vez tiene el 35% de participación en los consorcios que operaban en Tivacuno. La empresa solicitaba USD 260 millones en daños, por supuestos incumplimientos del contrato.
Páez explica que la notificación se presentó en diciembre de 2022, porque "el Gobierno de esa época nunca dio luz verde para que se revise la propuesta que hicimos para la extensión de los contratos de los bloques 16 y 67". Y añade que, incluso, el Gobierno les ofreció una "licitación rápida, para participar y volver a ganar", pero eso no se concretó.
La empresa, después de adquirir su participación en Repsol Ecuador, buscaba extender estos contratos para seguir operando, pero esto nunca se llegó a dar. "En ese momento creíamos que teníamos un derecho a reclamar porque se había aprobado la compra de las acciones de Repsol; New Stratus quería continuar con los contratos", sostiene Páez.
Han pasado más de dos años de dicha notificación de arbitraje y, hasta el momento, la controversia no se ha convertido en un arbitraje oficialmente. Según Páez, "no hay nada" y hubo apenas una reunión "con el propósito de iniciar unas negociaciones", pero no tuvieron ningún avance. Es más, asegura que deberían ya cerrar ese proceso, "para que no quede pendiente ahí la notificación".
Esa declaración es contradictoria con los documentos que New Stratus Energy hace públicos en Canadá, por ser una empresa que cotiza en bolsa.
El último boletín de información, con corte a septiembre de 2024, dice que la empresa trabajaba "con el Gobierno de Ecuador para llegar a una resolución de su disputa y soluciones adecuadas tal como está delineado en la notificación de arbitraje entregada en 2022". Y añade que esperaban una "solución positiva el próximo mes", es decir, en octubre de 2024.
Dicha información apuntaría a que hubo conversaciones para la solución de la notificación de arbitraje en los mismos meses que se estaba negociando el campo Sacha, pues como reveló PRIMICIAS, la primera oferta del consorcio Sinopetrol llegó en julio de 2024.
Sin embargo, Páez asegura que no hubo ninguna negociación en ese sentido: "Voy a conversar con los ejecutivos de New Stratus en Canadá porque eso no deberíamos reportarlo así. Nosotros no estamos insistiendo ni tenemos ninguna intención de seguir ningún arbitraje, y eso más bien nos podría afectar. A veces, cuando están las personas fuera del país, piensan que no se van a leer las noticias de Canadá, pero nosotros ya no tenemos nada que ver con el bloque 16".
PRIMICIAS envió una consulta a la Procuraduría sobre el estado de esta notificación de arbitraje, sin embargo hasta el cierre de esta nota no recibimos una respuesta.
2. Los rezagos de Tivacuno
La notificación de arbitraje no es el único tema pendiente que Petrolia y Amodaimi tienen, en relación con las operaciones en Tivacuno. Hay otros dos procesos que no se han cerrado aún, pero que, según Páez, tampoco influyeron de ninguna manera en las negociaciones de Sacha.
El primero es un dinero que, de hecho, Ecuador debe. Se trata de un pago por el factor de corrección de los bloques 16 y 67. "El contrato establece que, cuando cambian las condiciones fiscales después de la firma, se hacen los ajustes sea a favor del Estado o sea a favor de la contratista", explica Páez. La deuda por el factor de corrección, según el empresario, asciende a USD 21 millones.
En un proceso de mediación iniciado por una controversia con el buque Maya en la Procuraduría, explica Páez, las empresas ofrecieron desistir de ese proceso a cambio del pago de los USD 21 millones por el factor de corrección.
"Quedamos en un acuerdo, tenemos las actas pero no hemos recibido todavía el pago. Las actas se firmaron en este gobierno, después de cinco, siete años de conversaciones".
Ramiro Páez
3. La segunda controversia por Tivacuno
Un segundo proceso no resuelto de Petrolia y Amodaimi tiene que ver con la liquidación de los bloques 16 y 67, que concluyó en 2022, según documentación de Petroecuador. Lo que se examinó es un contrato que funcionó desde 1997 hasta 2011, en el que ni Petrolia ni Amodaimi operaron directamente, pero que les concierne pues son los accionistas de las empresas que operaron los bloques.
Dicha liquidación concluye que, de ese contrato, hay una deuda de USD 16,61 millones, que corresponde a errores de cálculo de los impuestos que debía pagar el contratista por la Ley 122, del Fondo de Desarrollo de las provincias de la Región Amazónica.
La notificación para el pago de estos USD 16,61 millones fue enviada a Petrolia (participante mayoritaria de los consorcios de Tivacuno) en agosto de 2023. Petrolia impugnó, pero Petroecuador desechó su pedido. Ante esto, la empresa interpuso una acción especial de prescripción de cobro ante el Tribunal Contencioso Tributario, que aún no se ha resuelto.
El proceso de liquidación del área Tivacuno derivó en un proceso coactivo iniciado por Petroecuador. El 3 de septiembre de 2024, Petroecuador notificó con la segunda boleta de pago voluntario por los USD 16,61 millones.
Dichos documentos constan en el proceso judicial contencioso tributario iniciado por Petrolia, y en una medida cautelar interpuesta en septiembre de 2024, que fue negada.
Allí consta que el 4 de octubre de 2024, Petroecuador resolvió "dejar sin efecto" la orden de cobro de los USD 16 millones y el procedimiento coactivo. Según Páez, a esto se llegó fue después de múltiples conversaciones. "Nos hicieron un daño tremendo, porque hasta nos cerraron nuestras cuentas, y finalmente les convencimos", agregó.
Pero, un mes después, el 15 de diciembre de 2024, Petroecuador nuevamente notificó a Petrolia con la deuda de los USD 16,6 millones, y además señala que se han generado USD 3,06 millones de intereses, por lo que la deuda asciende a USD 19,67 millones.
Páez sostiene que ahora no es un proceso coactivo el que enfrentan, sino una "cuenta por cobrar". La causa contencioso tributaria aún está pendiente, en la que está el SRI como parte interesada. Además tienen un proceso de mediación en la Procuraduría, "pero cada reunión es después de dos, tres meses, un proceso larguísimo".
PRIMICIAS consultó, por correo electrónico el pasado 28 de febrero de 2025, a Petroecuador y al Ministerio de Energía sobre esta deuda y sobre si esta controversia influye de alguna manera en el proceso de delegación del campo Sacha. Hasta el cierre de esta nota, no hemos recibido una respuesta.
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