Daniel Noboa envió un proyecto de ley para que los equipos se conviertan en sociedades anónimas
El presidente Daniel Noboa envió un proyecto de ley a la Asamblea Nacional para cambiar a las entidades deportivas en sociedades anónimas.
El presidente Daniel Noboa en un discurso durante su visita a Chimborazo, el 15 de agosto de 2024.
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El proyecto de ley orgánica, calificado como urgente en materia económica, por el primer mandatario de Ecuador, Daniel Noboa, lleva el nombre de Ley Orgánica para el Cumplimiento de Obligaciones Fiscales y Estímulo del Deporte.
"La finalidad del proyecto es la reactivación del sector deportivo, la actividad y educación física; y, la recreación, a través de la aplicación de medidas tributarias y económicas, a las entidades deportivas que se constituyan como Sociedades Anónimas Deportiva", aseguró el presidente.
Mientras que un comunicado oficial de la Presidencia describió que "la iniciativa, de carácter opcional, está dirigida a quienes deseen acogerse a este modelo, con el objetivo de mejorar la gestión financiera de los clubes, fomentar su participación activa en la economía del país y atraer mayor inversión extranjera".
El objetivo de este proyecto es que las entidades deportivas se transformen en sociedades anónimas y que estas tengan un mayor control por parte de los entes gubernamentales,
¿Qué son las Sociedades Anónimas Deportivas?
Las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) son agrupaciones conformadas por personas con intereses comunes. Su finalidad es la participación en competiciones deportivas de carácter profesional y que a su vez tiene fines lucrativos.
Esto quiere decir que las SAD son un modelo de gestión distinto al que se aplica en la mayoría de equipos de fútbol profesionales en todo el mundo.
En Ecuador, por ejemplo, y de acuerdo a la vigente Ley del Deporte, los clubes profesionales se definen como sociedades civiles sin fines de lucro. Pertenecen completamente a sus socios.
Tras el accionar de Daniel Noboa con este proyecto de ley, la Asamblea Nacional tiene un plazo de 30 días para evaluar la propuesta.
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