Barcelona SC exige al asambleísta Francisco Cevallos que se disculpe por decir que en el club se lava dinero
La directiva del club canario dio un plazo de 72 horas al asambleísta Francisco Cevallos para que se retracte públicamente de sus afirmaciones.
El asambleísta Francisco Andrés Cevallos intreviene en la Asamblea Nacional.
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Asamblea Nacional
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Redacción Primicias
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En un extenso y severo comunicado, Barcelona Sporting Club exigió este viernes 29 de noviembre que el asambleísta Francisco Andrés Cevallos se disculpe por declarar en el parlamento que en el club se lava dinero.
Las expresiones de Cevallos se registraron durante el debate del 27 de noviembre en el Pleno de la Asamblea del proyecto de ley para la Mejora Recaudatoria mediante el Combate al Lavado de Activos, coloquialmente llamada ley Antipillos.
Cevallos había dicho que recibió amenazas por parte de Aquiles Alvarez, hermano de Antonio Alvarez, actual presidente de Barcelona. "¿Por qué? Justo cuando debatimos la ley Antipillos para seguir lavando desde Barcelona Sporting Club...", fueron sus palabras.
En el comunicado se lee: "Consideramos que este tipo de declaraciones no solo son irresponsables, sino que también exceden los límites de la libertad de expresión, abusando de la investidura que le otorga el cargo de Asambleísta. Este abuso no puede ni debe quedar impune, por lo que, exigimos de manera urgente al Asambleísta Francisco Cevallos, que en el plazo de 72 horas se retracte públicamente de sus afirmaciones y presente las disculpas merecidas a los socios e hinchas de Barcelona SC".
Hubo espacio para atacar personalmente al asambleísta en este comunicado: "Resultan irónicas estas declaraciones, cuando bien sabemos que el propio padre del Asambleísta fue investigado penalmente por la Fiscalía General del Estado, tras su paso por la Presidencia de Barcelona Sporting Club". Esto alude al exjugador José Francisco Cevallos, quien presidió al club canario luego de ser ministro del correísmo.
Este es un nuevo capítulo del enfrentamiento que tienen los Alvarez con el Gobierno de Daniel Noboa. En esa dinámica, una empresa de los Alvarez es investigada por el supuesto delito de almacenamiento y comercialización ilegal de hidrocarburos, en el caso denominado Triple A.
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