Tras entregar información a la Fiscalía en Quito, el Gobierno indicó que existirían presuntos actos ilícitos y la posible implicación de la empresa proveedora de alimentos en las cárceles.
La empresa proveedora de alimentos en las cárceles, llamada LaFattoria S.A. y que desde hace décadas es la única que ha ganado las licitaciones para este rubro, se encuentra bajo la mira del gobierno de Daniel Noboa.
Este 2 de mayo, en medio de denuncias por falta de alimentos en varias prisiones de Ecuador, un equipo de la Presidencia acudió a la Fiscalía General del Estado en Quito, para pedir que se investigue a esta compañía por presuntas irregularidades.
Una delegada de la Secretaría Jurídica de la Presidencia fue la encargada de ingresar la documentación de un "informe secreto emitido por la CIE (Centro de Inteligencia Estratégica) para que la Fiscalía realice las acciones que corresponden".
La funcionaria se limitó a dar esta escueta contestación tras ser consultada por los detalles de esta 'noticia criminis', es decir, sobre la información entregada a la Fiscalía.
Quien si aportó algunas pistas de la gestión realizada este jueves fue el asambleísta de la bancada oficialista Acción Democrática Nacional (ADN), Adrián Castro.
"La información que se conoce es sobre una empresa proveedora de alimentos en los centros carcelarios del país, por más de una década, con hechos que han sido cuestionados desde la contratación pública", dijo Castro sin mencionar directamente el nombre de la compañía.
Según Castro, a lo largo de los años, hubo varias licitaciones para contratar a los proveedores de alimentos en los penales ecuatorianos, "donde participaron más de 7.000 personas y una sola empresa ganó".
En su comparecencia en la Fiscalía, Castro estuvo acompañado por los también legisladores oficialistas César Umajinga y Ramiro Vela.
Horas después, la Presidencia emitió un comunicado en redes sociales, con el que aclaró que el Gobierno no establecerá contratos con proveedores con posibles vínculos con el crimen organizado, sin dar más detalles al respecto.
Reconoció además que existirían presuntos actos ilícitos de carácter penal y la posible implicación de la empresa Lafattoria S.A.
"Toda conducta monopólica será investigada y puesta a conocimiento de las autoridades competentes", agregó el comunicado de Presidencia.
Cárceles siguen sin proveedor
Por otra parte, cuando la prensa consultó a Castro si el exministro del correísmo, José Serrano, estaría presuntamente relacionado con la empresa de alimentación, el legislador de AND solo indicó que el informe es de cáracter reservado y secreto.
"No fuimos parte de la Comisión que presenta el informe completo, pero nuestra labor es hacer un seguimiento", añadió Castro, asegurando que no ha leído el reporte entregado este jueves.
Al momento, la empresa Lafattoria S.A. asegura que el Estado le debe cinco meses y que si ellos han ganado licitaciones en el pasado fue por el escaso interés de otros proveedores.
Desde 2000 se registran al menos 13 convenios de pago entre el SNAI y esta empresa por más de USD 77 millones, según un análisis del Observatorio y de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo (FCD).
Y tras más de 150 días de la nueva administración, el SNAI aún no puede elegir al nuevo proveedor de alimentos para los centros de rehabilitación.
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