La mayoría del Consejo de Participación votó a favor de solicitar un criterio jurídico sobre un informe que pone como mejor puntuado a Jorge Ballesteros, un postulante que previamente fue descalificado.
El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) resolvió este 19 de junio solicitar un informe jurídico para determinar cuál será el futuro del concurso de Defensor Público.
La mayoría formada por el presidente Andrés Fantoni; la vicepresidenta, Mishell Calvache; y los vocales Johanna Verdesoto y Esteban Guarderas, dieron 48 horas para que los abogados del Consejo emitan un criterio sobre el informe de la Comisión Ciudadana de Selección.
En ese informe, la comisión ubica como el mejor puntuado al postulante Jorge Ballesteros, pese a que esa misma mayoría en el pleno del organismo lo había descalificado, "por haber presentado supuestos documentos falsificados para la postulación del cargo".
Calvache, que fue la proponente de la moción, dijo además que el informe, que es vinculante, se aprobó con el voto de cinco comisionados, cuando el reglamento señala que debían existir, al menos, seis votos.
Para la vicepresidenta, la Comisión Ciudadana se arrogó funciones al analizar una resolución del pleno.
Alertó además que, si se dejaba pasar esta vez que una comisión ciudadana "haga lo que le de la gana, qué va a pasar en los siguientes concursos".
Se opusieron a esta moción Nicolle Bonifaz, removida de la presidencia, y los consejeros Augusto Verduga y Yadira Saltos, que son cercanos al correísmo.
Verduga señaló que el único objetivo de la mayoría es destituir a los integrantes de la comisión ciudadana y volver a retrasar el concurso.
Saltos recordó que incluso existe una sentencia de una jueza de Quevedo, que le dio al Consejo un plazo de 48 horas para que vote por ese informe. La consejera reconoció que tanto la comisión como el pleno, se arrogaron funciones.
Enfrentamientos entre consejeros
La decisión se tomó en medio de la discusión entre Verduga y Guarderas. El primero trajo a colación el tema de la firma supuestamente falsificada en la denuncia electoral contra la vicepresidenta Verónica Abad.
Verduga dijo que si se aplicara la lógica con la que se descalificó a Ballesteros, por una supuesta falta de probidad notoria, sin que el postulante se defienda, Guarderas también debería estar destituido por el tema de la firma.
Guarderas, contratacó y le dijo que si reconociera que fue parte de la Liga Azul, promocionada por el correísmo, para las elecciones del CPCCS, debería seguir el mismo camino de Alembert Vera.
Es decir, dejar el Consejo de Participación y someterse a la pérdida de derechos políticos, por cuatro años, como determinó el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) para Vera.
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