Hay sectores que piden un endurecimiento de las penas para menores de edad que cometan delitos graves. La Asamblea aprobó una resolución, aunque en otro sentido.
La Asamblea Nacional aprobó el 23 de abril de 2024 una resolución para pedir a la Comisión de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes la revisión de, por lo menos, una de las sanciones para adolescentes infractores.
Esa mesa legislativa está a punto de aprobar el Código para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (Copina), pero en vista de los últimos casos de violencia en los que han estado involucrados menores de edad, los legisladores consideran que se podría hacer un ajuste.
La resolución fue planteada por el asambleísta del Partido Social Cristiano (PSC), Vicente Taiano, que, para sustentarla, trajo al debate el caso de un chico de 14 años que asesinó al chofer de un bus en Guayaquil al frente de su hija.
La legislación actual señala que si un menor de edad es internado por un delito grave en un centro de adolescentes infractores, no será llevado a una cárcel de adultos, aun si hubiese cumplido la mayoría de edad.
La intención de Taiano es que se revise esa norma y que, si una persona es detenida por un crimen, siendo menor de edad, pase a una prisión de adultos, para terminar de cumplir la pena, cuando cumpla la mayoría de edad.
Según el legislador, esta sería una de las tantas motivaciones que tienen las bandas del crimen organizado y de la delincuencia común para reclutar adolescentes y ponerlos a cometer delitos.
Debate intenso
Aunque la idea de Taiano estaba definida, el debate se desvió y se empezó a hablar de un intento de endurecer las penas para los menores de edad infractores.
Algunos bloques, como el del movimiento Construye, han señalado su apoyo a una revisión de las sanciones para los adolescentes que cometan delitos graves.
Jorge Peñafiel, quien es parte de la comisión, recordó que la ley actual para menores de edad fue concebida como restaurativa. Pero que en las condiciones actuales de violencia es imposible seguir manteniendo las mismas normas y esperar otros resultados.
"Sabemos que no es posible juzgar a los adolescentes infractores como adultos, pero tampoco se puede seguir haciendo lo de siempre, porque vemos que no está funcionando", señaló.
Sin embargo, la presidenta de la comisión, Pierina Correa, de la Revolución Ciudadana, no es partidaria de endurecer las penas. Culpó a la prensa de posicionar la idea de que "todo asesino y violador es menor de edad".
Aclaró que los adolescentes infractores sí son juzgados. La máxima pena que pueden recibir por cometer un delito mayor es de ocho años, pero reconoció que cuando cumplen la mayoría de edad no van a las cárceles de La Roca, Turi o Cotopaxi.
En su lugar, van a un centro de internamiento intermedio con acompañamiento para que se eduquen, aprendan oficios y, eventualmente, se reintegren a la sociedad cuando cumplan la sanción.
El tema es polémico y hasta ideológico, dijo el legislador correísta, Leonardo Berrezueta, que reconoció que inclusive al interior de la Revolución Ciudadana hay posturas a favor y en contra de endurecer las penas.
En lo que todos estuvieron de acuerdo es que la problemática de los adolescentes involucrados en delitos tiene que ver, sobre todo, con el abandono y la falta de oportunidades desde la sociedad y el Estado.
Reformas al COIP
En lo que también hay consenso en la Asamblea, es en que se debe buscar un mecanismo para endurecer las penas hacia aquellos líderes de bandas que, aprovechando la vulnerabilidad de los menores de edad y la suavidad de las penas, los reclutan.
Taiano calificó esto como una deuda pendiente de los legisladores que bien se podría componer, incluyendo reformas, en este sentido, cuando el presidente Daniel Noboa envíe los proyectos de ley para cumplir con las preguntas en las que se impuso el 'Sí' en la consulta popular.
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