Privilegiando el calendario electoral, los poderes del Estado se han enzarzado en una insólita disputa por imponer el relato de los hechos y hasta de los supuestos dichos, indiferentes a la gravedad de las tragedias que azotan al país, en estos momentos.
Ostentar el poder político parece ser lo único que hoy les mueve, porque frente al sufrimiento de la gente se han mostrado inconmovibles, dejando ver sus mezquindades.
Al menos tres crisis simultáneas golpean al país estos días, afectando a miles de ecuatorianos, pero lo que se discute en las alturas es si los asambleístas pretendieron o no procesar al presidente de la República para sacarlo del poder por estar supuestamente “loco”.
Los reiterados desmentidos no han servido para nada porque Carondelet no encontró mejor pretexto que el supuesto “diagnóstico” para hacer lo que mejor sabe: promocionar al jefe en las redes, y alentar su campaña, aprovechando las bajísimas calificaciones de la Asamblea Nacional, por lo que no les importa usar un término negado una y otra vez.
¡Una locura!
Dieciocho víctimas mortales, 28 heridos, más 3.000 personas afectadas y millonarias pérdidas son, hasta la fecha, los terribles efectos de las torrenciales lluvias que han golpeado a 15 provincias, pero con mayor impacto a Tungurahua, Chimborazo, Pastaza, Napo y Morona Santiago.
Claro que las autoridades locales y nacionales, con el ministro Luque a la cabeza se han esforzado para atender las emergencias, pero los efectos producidos han sacado a la luz la carencia de un plan de prevención de desastres en el país.
¿Han dicho algo al respecto los asambleístas? ¿Se habrán enterado de la devastación de la infraestructura vial y turística en amplias zonas? Es probable que sí, pero no han dicho ni pío.
El invierno ha destruido buena parte de la red vial en la Sierra central y la Amazonia, y también en provincias como el Azuay, eternamente desatendida, y no se ha visto una acción decisiva, a pesar de los efectos perversos que implican para la economía y la vida de la gente.
La otra grave crisis que azota a los ecuatorianos es la indetenible violencia vinculada al narcotráfico que ha recrudecido en varias localidades, en las últimas semanas, a pesar de las acciones contundentes de las fuerzas del orden.
La huida despavorida de los habitantes de Puerto El Conchero, de la parroquia Tenguel, en los límites entre Guayas, Azuay y El Oro, por la presencia de bandas armadas, la semana pasada, conmocionó a todos, pero no estuvo en el debate nacional, a pesar de evidenciar que el poder de las organizaciones delictivas va en aumento, golpeando de manera inmisericorde a miles de ecuatorianos que viven un drama humano.
Las historias de dolor por la forzada fuga, que muestra un nuevo momento de la acción del narcotráfico, ya no solo incrustado en las instituciones, sino apropiándose de territorios y forzando el desplazamiento de los ecuatorianos, no parece importar a las altas autoridades, comprobando, de forma inapelable, que viven de espaldas al pueblo.
Escapar para proteger la vida, dejando atrás las pertenencias logradas con esfuerzo en muchos años, debe ser de los actos más dolorosos que han debido experimentar estos compatriotas, tal como mostró un reportaje de Ecuavisa, que también dio cuenta de ocho pescadores asesinados en sus lanchas en el mar, en una encarnizada lucha entre bandas criminales.
El cantón Samborondón, junto a Guayaquil, también experimenta el aumento de la violencia, con ocho muertos en una semana, lo que ha llevado a su alcalde, José Yúnez, a demandar la intervención militar urgente.
Los políticos que suelen hablar de todo ni siquiera han hecho una referencia a estos casos, pero seguro en la campaña prometerán acabar con el narco, a pesar de saber que es un tema de gran complejidad.
El decomiso de decenas de toneladas de droga que hace la Policía evidencia que la tarea es positiva, pero la cifra inquieta cuando se sabe que los expertos estiman que las incautaciones representan apenas entre el 17 y el 20% de la droga que circula.
Así va el país.
Desde otra vertiente, resulta sorprendente que el Fondo Monetario Internacional (FMI), en el reporte del Servicio Ampliado del Fondo (SAF), que Ecuador suscribió el 31 de mayo pasado, por el que entregarán al país USD 4.000 millones en los próximos cuatro años, se haya referido a las tres crisis como los principales riesgos para la economía del país.
Habla de “un nuevo brote de violencia local que provoque nuevos toques de queda y otras perturbaciones”, remarcando que la alta inseguridad reducirá la actividad interna, el turismo y los ingresos fiscales y desalentaría la inversión a largo plazo.
Menciona como un riesgo para la economía un nuevo impasse político que llevaría a que el Gobierno no pueda completar su agenda de reformas debido al vacilante apoyo político y público.
Y cita como tercer riesgo la baja producción petrolera debido a los desastres naturales y a la falta de mantenimiento de la infraestructura. Tal cual está hoy ocurriendo por las fuertes lluvias que han desbordado los ríos y aumentado sus caudales.
A todos faltó citar lo que sería la cuarta crisis, la energética, que ha cubierto de oscuridad al país en los últimos días, quizá porque como esa afecta también al poder, sí se han referido a ella.
En este escenario, cabe preguntar ¿qué dirán las autoridades de las predicciones hechas por el FMI? ¿Comentarán algo al respecto?
En realidad, si son capaces de no decir nada sobre las tres graves crisis que atormentan hoy a los ecuatorianos, porque han priorizado la agenda electoral, lo más seguro es que ni siquiera se den por notificados.
Literalmente, se harán los locos.
Las opiniones expresadas por los columnistas de PRIMICIAS en este espacio reflejan el pensamiento de sus autores, pero no nuestra posición.
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