La ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, anuncia duros controles a los contratos colectivos vigentes y anuncia cambios.
Mediante el Acuerdo 080 del 11 de junio de 2024, el Ministerio de Trabajo dispuso la revisión de los contratos colectivos vigentes de todo el sector público, para verificar que cumplen con el informe vinculante y obligatorio del Ministerio de Finanzas.
Y es que el Ministerio de Finanzas debe emitir un informe vinculante de que existe la disponibilidad de dinero público para cubrir las alzas salariales, bonos y otros beneficios económicos que pacten las instituciones y empresas públicas con sus sindicatos.
Sin embargo, hay contratos colectivos que no cuentan con ese informe, como ocurrió con el contrato colectivo del holding estatal Corporación Eléctrica de Ecuador (Celec).
Eso ha provocado que en las empresas públicas se hayan dado incrementos salariales y beneficios onerosos. Un ejemplo es lo que ocurre en la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL), la mayor distribuidora estatal de electricidad del país.
En esta empresa, hay 125 empleados que ganan al mes entre USD 5.072 y USD 13.171, gracias a los beneficios que les otorga el contrato colectivo de la empresa pública. Es decir, ganan más que el Presidente de la República, que tiene un salario de USD 5.072 al mes.
Incluso, de los 6.148 funcionarios de CNEL que están bajo el contrato colectivo, hasta abril de 2024, hay 1.156 empleados que, además de sus sueldos, reciben subvenciones adicionales, que equivalen al 100% de su sueldo o incluso más.
En la Comisión de Fiscalización, la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, dijo el 11 de junio de 2024 que los trabajadores públicos bajo el contrato colectivo reciben beneficios como una remuneración variable del 2% del salario, que no se debería entregar, pues eso ocurre solo en las empresas privadas que sí tienen utilidades. En el sector público no se puede hablar de utilidades, añadió.
Otro beneficio que, según Núñez, se corregirá es el bono por guardería. Núñez denunció que hay contratos colectivos de instituciones públicas y empresas públicas donde los trabajadores reciben un bono equivalente a un salario básico (USD 460) por cada hijo, porque no disponen de guarderías.
Lo anterior hace que trabajadores con tres hijos, por ejemplo, reciban casi USD 1.400 por mes.
"Con esos beneficios, claro que no les conviene que las empresas públicas tengan guardería", dijo al señalar que se sancionará a las instituciones que no dispongan de guarderías.
Más beneficiarios de los que deberían ser
No es el único problema. Según la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, únicamente los trabajadores contratados bajo el Código del Trabajo pueden estar bajo un contrato colectivo, no así los funcionarios bajo la Ley de Empresas Públicas.
Pero, con acciones de protección, varios sindicatos han logrado incorporar a miles de funcionarios bajo la Ley de Empresas Públicas a los beneficios de los contratos colectivos, lo que no debió ocurrir, según la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez.
Estos problemas son los que busca corregir el Acuerdo 080, con que se emitió un Reglamento para la presentación, negociación y firma de contratos colectivos en los sectores público y privado.
Control para que estén los que deben estar
Así, el Acuerdo dispone, por ejemplo, que el Ministerio del Trabajo realice un control posterior (ex post) de los contratos colectivos para verificar que no exista funcionarios sujetos a regímenes diferentes al Código del Trabajo dentro de los contratos.
Eso incluye a apoderados, los consultores, los servidores públicos de carrera, directivos, gerentes, asesores o personal de confianza, servidores públicos de libre designación y remoción, ejecutivos y demás funcionarios.
Además, el Ministerio verificará que los gerentes y los administradores de las instituciones y empresas públicas no se beneficien de compensaciones, bonos o retribuciones previstas en los contratos colectivos.
Aunque la ministra Núñez dijo que el acuerdo ministerial servirá para revisar abusos, abogados laborales como Vanessa Velásquez cree que el acuerdo solo puede aplicarse a futuro.
"Para lo venidero, no para lo que ya se ha firmado. Resulta en un saludo a la bandera. Para que un beneficio deje de estar vigente, deberían hacerse una nueva negociación o que algún juez decida que el contrato colectivo no cumplió todos los aspectos legales", enfatizó Velásquez.
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